LA QUIEBRA DE LA AUTOPISTA AUTONÓMICA

La jueza certifica la liquidación de la concesionaria de la ARA-1

Declara resuelto el contrato entre la UTE gestora y la DGA en el ámbito concursal. Un auditor externo fijará la deuda del Gobierno de Aragón con la empresa

Marcelino Iglesias, con el entonces consejero de Obras Públicas Alfonso Vicente, en la inauguración del 2008.
EL PERIÓDICO

F. MANTECÓN

La titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Zaragoza, Carmen Villellas, certificó en un auto notificado ayer la muerte de la Concesionaria Puente del Ebro, la UTE integrada por Acciona (al 50%), Arascón y Brues y Fernández que se encargó de la construcción y gestión de la autopista autonómica ARA-1. Con el documento, la empresa entra en fase de liquidación y el administrador concursal tiene un plazo de 15 días para aportar un plan que recoja los bienes y derechos de la masa activa del concurso. O dicho de otra manera, el dinero a repartir entre los acreedores.

Estos, fundamentalmente los bancos, rechazaron hace apenas tres semanas el último intento de acuerdo para reflotar la compañía, que incluía una quita de deuda del 50% y un aumento por parte de la DGA del peaje en la sombra que abona, una cantidad por el número de vehículos que usan este puente entre el Burgo de Ebro y Villafranca, de la N-II a la N-232. El Gobierno de Aragón era el único que apoyaba la idea, pero no fue suficiente, y la jueza ha concluido el consiguiente trámite con el auto notificado ayer.

Con él, cuando se cierre la fase de liquidación, los acreedores también verán mermada la cantidad que recuperarán, pero en principio no perderán tanto como calculaban que habría ocurrido con el acuerdo fallido.

Aún falta algún tiempo para determinar la responsabilidad patrimonial del Gobierno de Aragón en una concesión que termina 19 años antes de lo previsto. Esta deberá ser determinada, según figuraba en los pliegos de condiciones del contrato, por un auditor externo, previo acuerdo entre las partes. Se estima que el rescate forzoso de la infraestructura, que la DGA tiene obligación de acometer, rondará los 40 millones de euros.

SEGUIRÁN LOS PAGOS

El certificado de defunción de la compañía supone, como recoge la jueza en el auto, la resolución del contrato entre la UTE y el Gobierno de Aragón, en vía concursal. Según explicaron fuentes de la DGA, el matiz es importante, ya que en vía administrativa sigue vigente. A efectos prácticos, esto quiere decir que la Administración seguirá pagando hasta que la liquidación sea oficial, con su publicación, y se completen los trámites para rescindir el contrato en este frente. Un proceso que podría durar meses, según las mismas fuentes.

Paralelamente se llevarán a cabo los trámites necesarios de la fase de liquidación del concurso de acreedores, que consisten básicamente en inventariar los bienes y activos que tiene la empresa, desde ahora bajo gestión del administrador concursal, y establecer el orden de prioridad de cobro de los acreedores.

Además, un auditor externo fijará la cantidad de dinero con la que el Gobierno de Aragón debe indemnizar a la concesionaria, dado que inicialmente estaba previsto que aportase 154,6 millones hasta el 2036. La fórmula para el pago fue el citado peaje en la sombra, una tasa calculada según el número de vehículos que utilizase la infraestructura. Según los cálculos iniciales este dinero iría aumentando progresivamente dese poco más de 5 millones anuales hasta los 6,4. Hasta el momento, según informó la semana pasada el consejero José Luis Soro, se han pagado 22,2 millones de euros.

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