La fiscalía alemana también quiere investigar el ‘dieselgate’ español

La Fiscalía de Braunschweig, en el estado alemán de Baja Sajonia, quiere que todas las investigaciones judiciales sobre el dieselgate repartidas por el mundo se concentren en un solo proceso en Alemania, donde tiene su sede Volkswagen. Así lo expone en un escrito remitido a la Audiencia Nacional, que poco después de estallar el escándalo abrió una causa para dirimir responsabilidades por la instalación ilegal del software manipulado en miles de vehículos para cambiar los resultados de los controles técnicos de emisiones contaminantes.

En septiembre del 2015 salió a la luz que Volkswagen había manipulado este programa en 11 millones de automóviles con motor diésel vendidos entre el 2009 y el 2015. Como resultado de este trucaje, sus motores habían podido sortear con éxito los estándares de las agencias de protección ambiental, a pesar de que los vehículos implicados emitían hasta 40 veces el límite legal de óxido de nitrógeno. El caso salpicó a la cúpula de la compañía. Martin Winterknon, que era su director ejecutivo, tuvo que pedir perdón a los millones de clientes perjudicados y se vio obligado a dejar su cargo, tras ocho años al frente.

En España, el Juzgado Central número dos de la Audiencia Nacional abrió entonces una investigación a raíz de varias denuncias presentadas por el presunto fraude. Al cabo de unos meses, el juez Ismael Moreno imputó a la matriz alemana del grupo Volkswagen (Volkswagen AG, con sede en Wolfsburg) por la venta de 683.000 vehículos con motores trucados que emitían más gases de lo permitido. En agosto del 2016, el magistrado remitió a las autoridades alemanas una comisión rogatoria en la que solicitaba información. En enero recibió respuesta. La Fiscalía de Braunschweig contestó que también están investigando y que sería conveniente que se unificaran todas las pesquisas. Motivo: fue en la central de la marca en Alemania donde se decidió manipular los motores, «sin que otros empleados, concesionarios o importadores tuvieran conocimiento de la aplicación» del uso del programa informático.

El oficio de la fiscalía alemana sostiene que su investigación parte de la existencia de una «autoría directa» en el presunto fraude. Esto significa, precisa, que fueron algunos responsables del grupo en Wolfsburg los que «tomaron la decisión de instalar» ilegamente ese software, un hecho que afecta, «en el marco de la jerarquía empresarial», a un gran número de vehículos a lo largo de varios años y en todo el mundo, incluidos los de España.

El escrito remitido a la Audiencia Nacional resalta que el artículo 54 del convenio de aplicación del acuerdo de Schengen establece que cuando una persona ya ha sido juzgada no puede ser perseguida por estos mismos hechos en otro lugar. Es decir, que si se dictara una sentencia en España solo por una parte de los coches afectados, no se podría perseguir ese mismo delito en otro lugar.

RENUNCIAS

En su opinión, debería investigarse todo de una forma conjunta. «Debería evitarse la finalización de un procedimiento solo respecto a un aspecto parcial», insiste, a la vez que recuerda que en marzo del 2016 se celebró una reunión en La Haya, en la que estuvo España, en la que la Fiscalía de Braunschweig ofreció concentrar todos los procesos abiertos por el fraude en esta institución. Países como Suiza, Austria, Suecia y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ya han declinado seguir por separado las pesquisas.

Además de esta cuestión legal, la fiscalía germana también ha detectado otras «dificultades reales» para practicar la comisión rogatoria solicitada por la Audiencia Nacional. En el proceso judicial en curso en Alemania se registraron en octubre del 2015 tanto la sede central del grupo como otras oficinas, pudiendo incautarse de datos que ocupan «varios miles de terabytes». La Oficina de Investigación Criminal del land de Baja Sajonia está analizando ahora el material, pero primero hay que extraer los datos y descifrarlos. Por ello, la fiscalía alemana alega que por ahora no puede dar respuestas a las preguntas planteadas por la justicia española.