El PP y CiU aprobaron ayer una iniciativa parlamentaria para que el Gobierno estudie adjudicar la vigilancia de las cárceles a empresas de seguridad privada. La proposición no de ley fue propuesta en la Comisión de Interior por el grupo catalán, y salió adelante con los votos de los populares. Instan al Gobierno a añadir esta idea en la reforma de la Ley de Seguridad Privada.
La propuesta, que adelantó EL PERIÓDICO, otorgaría a este personal la función de control de accesos y de cámaras de circuito privado, siempre bajo control de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Pero estas funciones "podrían ser ampliadas a la seguridad perimetral inmediatamente circundante a los centros penitenciarios llegado el caso, bajo la dirección de los responsables de la seguridad pública", según la proposición. El PSOE votó en contra por el "evidente" beneficio a las empresas.
