La cerrazón del Departamento de Educación a acometer de forma inminente la construcción de un nuevo centro educativo en el sur de la ciudad para hacer frente al grave problema de escolarización en ese área, responde, según varios sectores de la comunidad educativa, a una doble intención. Por un lado, la Administración estaría esperando que la aprobación de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) permita que la programación de la red de centros se establezca de acuerdo a la demanda social. El texto, que por ahora no figura en el borrador, suprime la obligación de las Administraciones educativas de garantizar plazas públicas suficientes, especialmente en las zonas de nueva población.
La posibilidad de reservar esa zona para la edificación de un centro concertado se acompaña de la gran demanda que viene existiendo por parte de varias órdenes interesadas en construir allí un colegio. En los últimos años, no menos de cuatro se ha dirigido a la Administración con propuestas concretas aunque, finalmente, las conversaciones no cristalizaron. Quizá ahora sea distinto.
El caso es que Educación, que se volverá a reunir mañana con los representantes de las 62 familias que se han quedado fuera del colegio de Rosales del Canal, no cede y continúa cerrándose en banda a planificar un nuevo centro público, aun reconociendo su necesidad. Y, con ello, cerrando la puerta, asimismo, a la ampliación de unidades en el actual.
Ni plazo ni fondos
La Administración se escuda en que no puede garantizar que el nuevo centro esté construido en dos años, algo menos que el tiempo que suele tardarse en construir uno concertado. Pero la consejera, Dolores Serrat, asegura que "decir que pretendemos hacer un colegio concertado en esa zona forma parte del lema y la máxima y el mantra de que queremos desmantelar la escuela pública y eso es absolutamente falso. Estamos apostando por la escolarización para intentar al máximo la libertad de opción de los padres", dijo el pasado lunes.
En ese objetivo de proyectar una mayor capacidad de decisión para las familias se enmarcaría la segunda de las claves que sostienen numerosos sectores educativos para argumentar la firme negativa del departamento a actuar en el sur. Se refiere a la opción de que Aragón implante la zona única de escolarización desde el próximo año. De hecho, fuentes de la propia Administración ya habrían dejado caer esa posibilidad --desmentida oficialmente-- entre equipos directivos de los centros. Esa eliminación del actual sistema habilitaría para elegir cualquier centro, aunque hay que recordar que, por ejemplo, en Rosales no hay otro centro en el barrio y que los más próximos también están saturados. "Es verdad que faltan plazas escolares en las zonas de expansión, pero los centros no tienen ruedas con los que poder transportarlos", expuso Serrat.
