El consejero de Hacienda del Gobierno aragonés, Fernando Gimeno, confirmó el pasado año los peores presagios para Zaragoza, con una propuesta de liquidación que dejaba en 7,9 la deuda de 39 que reclamaba la ciudad. Zaragoza y él mismo los estuvieron exigiendo hasta que en el 2015 dejó su cargo de vicealcalde y pasó a dirigir las finanzas autonómicas para Javier Lambán. Entonces su versión cambió. Finalmente, esos 7,9 se convirtieron en 8,7 el pasado diciembre, con una liquidación unilateral del convenio con el ayuntamiento y sin posibilidad de recurso.

Dos gobiernos distintos al frente del Ejecutivo autonómico han rubricado el enfrentamiento que ha llevado al Ayuntamiento de Zaragoza a acabar litigando por el dinero de este convenio en los tribunales. El primer revés lo dio el PP de Luisa Fernanda Rudi, quien a través de su consejero de Obras Públicas, Rafael Fernández de Alarcón, dejó de pagar la primera anualidad del convenio, solo dos años después de firmarlo. El PSOE gobernaba la ciudad entonces y reclamó ese dinero desde el ayuntamiento. En el 2015 pasó a dirigir la DGA, con Javier Lambán, y sigue sin pagar y ya ha liquidado el mismo.

En el 2009 se firmó el convenio entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón por el que ambas partes se comprometen a financiar el 50% de los costes a asumir por la Administración. En el caso de la DGA, debía hacer frente a su parte por medio de una subvención de capital fraccionada en cinco anualidades. Un total de casi 65 millones de euros de los que solo terminó pagando 24,75, ya que solo abonó dos, de 9,9 y 14,85 millones de euros. De ahí viene que el ayuntamiento le reclame los 39 millones restantes al Ejecutivo autonómico.