La vicepresidencia del Gobierno de Aragón --en manos de José Ángel Biel, del PAR-- destinó el año pasado 120.000 euros a pagar un contrato de Asistencia jurídico consultiva proyecto Gran Scala. El trabajo fue adjudicado al bufete madrileño Gómez Acebo & Pombo Abogados por lo que se conoce como procedimiento negociado, es decir, a dedo y sin publicidad, según consta en la documentación sobre este tipo de gastos remitida por el Gobierno de Aragón a los grupos parlamentarios de las Cortes. La adjudicación se produjo el 28 de marzo del 2008, unas semanas antes de que el proyecto comenzara a tambalearse ante las dudas surgidas sobre la solvencia de algunos de los promotores y al no materializar estos el aval bancario de 20 millones de euros que la parte socialista del Pignatelli exigía que pusieran sobre la mesa antes de seguir hablando del proyecto. Un año más tarde, el Ejecutivo autonómico remitía a la Cámara un anteproyecto de ley en el que se incluyen algunos requisitos financieros como el depósito de un aval bancario de seis millones de euros para garantizar la solvencia de los promotores de los llamados centros de ocio de alta capacidad.
