El 14 por ciento de los problemas a los que se enfrentan los docentes aragoneses son por acoso laboral, seguidos de un 10 por ciento por falsas acusaciones de alumnos y padres o problemas con la administración, produciéndose el 88 por ciento de los casos en centros públicos.
Así lo ha explicado hoy la presidenta del sindicato independiente del profesorado de la enseñanza pública, ANPE Aragón, y defensora del Profesor de Aragón, Teresa Hernández, acompañada por la presidenta de ANPE Zaragoza, Marta Garrido, en la presentación del informe del Defensor del Profesor del curso 2016-2017.
Hernández ha destacado que el 25 por ciento de los casos atendidos en Aragón en el pasado curso corresponden al profesorado de Primaria, el 56 por ciento a Secundaria y el resto a otras enseñanzas como Ciclos de FP o Universidad.
En relación a los porcentajes anteriores, Hernández ha explicado que se ha producido un gran aumento en lo relacionado a amenazas de alumnos, pasando del 0 al 7 por ciento.
Los problemas de los profesores con la administración educativa han subido un punto porcentual, del 9 al 10 por ciento, y se han incrementado en 11 puntos los conflictos basados en la relación del centro (del 3 al 14 %).
En cuanto a las denuncias de padres a docentes, éstas han subido desde un 3 a un 7 % frente al curso anterior.
Ante estos datos, Hernández ha comentado que desde ANPE se ha querido mostrar la preocupación por el cambio de tendencia en el número de situaciones que alteran el normal desarrollo de la convivencia en los centros educativos, puesto que han aumentado con respecto al curso anterior y principalmente los casos de amenazas y denuncias, tanto de padres a profesores como de alumnos a docentes.
Por todo ello, ANPE y el Defensor del Profesor han insistido en elaborar un Plan Estratégico de Mejora de la Convivencia Escolar que cuente con un programa de prevención de acoso escolar y de detección precoz de los problemas de convivencia, así como el cumplimiento de los decretos.
También un plan específico de formación del profesorado para la prevención y detección de conflictos, una asistencia jurídica y psicológica gratuita y un compromiso para el tratamiento rehabilitador de los agresores.
A nivel nacional, Hernández ha comentado que el último informe de ANPE indica un cambio de tendencia en los casos de acoso y violencia hacia los docentes, destacando que durante el curso anterior se atendieron 2.249 casos, lo que supone un 15 por ciento más que el curso anterior.
"La sociedad tiene que tomar conciencia de la situación de conflictividad que se vive en las aulas y por su parte la administración educativa debe de ser cada vez más consciente de que la convivencia escolar es un elemento de primer orden para el buen funcionamiento de la comunidad educativa", ha expresado.
