La alcaldía de Artieda presentó ayer en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ejea 159 escritos de autoinculpación por los incidentes sucedidos el pasado 10 de octubre, cuando la Guardia Civil cargó contra las personas que se manifestaban en contra la expropiación de terrenos para la construcción de una pista relacionada con el recrecimiento del embalse de Yesa. La entrega de los citados documentos se realizó coincidiendo con la comparecencia de dos de los imputados, que habían sido citados a declarar con el suceso.
Los escritos había sido depositados en el Ayuntamiento de Artieda a lo largo de las últimas semanas, por parte de personas que se encontraban en el lugar de los hechos. En los mismos se denuncia que las imputaciones realizadas por parte de la Guardia Civil han sido injustificadas y discriminatorias.
En la exposición del escrito se manifiesta que todos los asistentes mantuvieron una actitud pacífica en todo momento, ejerciendo su derecho fundamental de reunión y libertad de expresión.
En apoyo a los imputados y a la entrega de las autoinculpaciones asistieron, además del alcalde de Artieda, Javier Jiménez, varios vecinos de la localidad, así como del pueblo de Biscarrués, amenazado por otro pantano, y representantes de Equo y Chunta Aragonesista.
"El Ayuntamiento de Artieda lamenta el proceso judicial abierto y espera el archivo de la causa lo antes posible", manifestó ayer Jiménez, que es miembro de la asociación Río Aragón, en una nota de prensa. Además, el alcalde subrayó su rechazo al proyecto del recrecimiento de Yesa, "tanto por el despilfarro económico que supone como por sus nefastas consecuencias para el municipio".
Los hechos por los que se han inculpado 159 personas ocurrieron en el curso de un acto administrativo que se preveía tranquilo y que degeneró en un enfrentamiento entre los manifestantes y efectivos antidisturbios de la Guardia Civil, con un resultado de una veintena de heridos en ambos bandos.
En la protesta participaron unas 200 personas, entre vecinos de Artieda y miembros de diversos colectivos de pueblos amenazados por la construcción de embalses. El delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde, justificó la actuación de la Benemérita en la necesidad de "cumplir la ley".
