Tres personas de nacionalidad nigeriana han sido condenadas por la Audiencia Provincial de Zaragoza a penas que suman 18 años de cárcel por dedicarse a la inmigración clandestina de mujeres de su país, a las cuales traían a España, donde les obligaban a ejercer la prostitución.
El tribunal ha condenado a cada uno de ellos, cuyos nombres son Uyioghosa A., Anna O. y Blessig I., a cuatro años de cárcel por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y a otros dos por otro relativo a la prostitución, según la sentencia a la que ha tenido acceso hoy EFE.
El tribunal ha considerado hechos probados que estas personas traían a mujeres de Nigeria, les exigían una alta deuda por el viaje y eran obligadas a prostituirse.
El dinero que pagaban, en mano o por medio de ingresos en cuentas bancarias, era trasladado paulatinamente a Nigeria.
Las mujeres eran controladas generalmente por las "madames" que habían sido previamente víctimas de la organización y se habían convertido posteriormente en colaboradoras de la misma, según la sentencia.
A estas tres personas se les ha encontrado cuentas bancarias en las que se han efectuado ingresos por esta vía que en dos años, desde 2007 a 2009, ascendieron a 1,6 millones de euros.
El asunto trascendió a raíz de la denuncia que presentó una de las víctimas, aconsejada por su compañero sentimental y que ahora es testigo protegido.
Según ha considerado probado el tribunal, esta mujer fue obligada a ejercer la prostitución en 2007, cuando llegó a España de Nigeria, después de que tres hombres le facilitaran la entrada al país y además le dieran 1.000 euros para el viaje.
Una vez en España, le dijeron que la deuda era de 40.000 euros, que se la pagara en dos años ejerciendo la prostitución, porque de lo contrario sería deportada a su país.
Además, le amenazaron con matar a su familia si se le ocurría denunciar los hechos.
En estas condiciones, ejerció en un piso de Zaragoza hasta el año 2009, periodo en el que hizo pagos que superaron los 7.000 euros.
Los tres condenados eran titulares de cuentas bancarias en las que esta mujer efectuaba los ingresos y además se detectó que habían recibido dinero también procedente de la prostitución de mujeres que ejercían en otras partes de españa.
El fiscal pedía para cada uno de los acusados siete años de prisión.
Junto a ellos había otras seis personas imputadas, sobre las que el tribunal dictó el sobreseimiento al no poder acreditar su relación con los imputados.
