La caída de una viga en la carpa de la fiesta de la cerveza de Valdespartera en el 2016 puso en entredicho la forma en la que tradicionalmente Zaragoza ha venido gestionando la concesión de permisos y autorizaciones de este tipo de estructuras. La declaración responsable de profesionales que también son ingenieros ya no eran suficientes y eso afectaba a los plazos, los que tienen las empresas para montar y el consistorio para inspeccionar. Que un técnico acabara imputado derivó en la negativa de los que no son ingenieros a firmar nada.

El decreto de espectáculos de la DGA impone unos plazos para culminar el montaje que complica y mucho la llegada de atracciones que, por esas fechas, están en plena gira por varias ciudades del país. Desmontan un día para montar el siguiente en otro lado y así van organizando su agenda de eventos para que les cuadren los números y puedan vivir todo el año con su actividad itinerante. Tener diez días antes montado todo les hace tener diez días parada la maquinaria que a los feriantes les da de comer.

Pocos incidentes (o ninguno) se han dado desde que los tribunales ordenaron cumplir con un estricto método de supervisión de las instalaciones desmontables en la ciudad. El Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) ha protestado mucho, se ha quejado de los jueces y ha denunciado la desproporción con la que ha dictado medidas. Pero las ha acabado acatando todas. Los ingenieros de cada área supervisan y firman lo que cumple con la normativa porque, si no lo hace, no hay permisos.