El Juzgado de lo Penal número 4 de Zaragoza ha impuesto 21 meses de prisión y el pago de una multa de 720 euros para un peruano que favoreció la inmigración irregular principalmente de compatriotas. La magistrada María Gema Luengo destaca que Marco Antonio García Bulnes ideó un plan delictivo «consistente en realizar ofertas de trabajo y contrataciones laborales para el servicio doméstico, previo pago de 6.000 euros para que consiguieran los permisos de residencia».
La jueza señala que este hombre, defendido por la abogada Cristina Remón, «daba de baja en la Seguridad Social a dichos trabajadores, no llegando a superar ninguno los 30 días».
Para llevar a cabo esto, esta persona -que ni figuraba como empleador ni firmaba ninguna oferta de trabajo- convenció José Antonio Calzada, Freddy Armando Rodríguez y Cristian Negoita para que fueran los titulares de dichos contratos. Todos ellos confesaron tanto en dependencias policiales como judiciales, por lo que la magistrada les impuso penas que van entre los dos y ocho meses de prisión por favorecer la inmigración ilegal.
La trama actuó entre los años 2007 y 2014 llegando a permitir que once personas consiguieran, previo pago, el permiso de residencia en España. Al parecer, la mayor parte del dinero la recibía el cabecilla, Marco Antonio García Bulnes. Las altas siempre se dieron en la capital aragonesa.
