Inicialmente, el caso se sustentaba en dos patas: el pago de la comisión y el precio desorbitado de 6,3 millones por el negocio.

Aunque no era materia del caso como tal, las defensas abonaron durante la vista, con documentos, el asunto del excelgate. Esto es, que Jesús Andreu, que sucedió a García Becerril como gerente con el cambio de Gobierno PSOE-PAR a PP-PAR, aportó una hoja excel con datos incompletos del valor de otros terrenos de Plaza. Lo que indujo a confusión tanto a la Policía como al perito judicial que tasó el negocio en 2,3 millones.

Esto último al menos fue aceptado tácitamente por la Fiscalía, que acabó por dar por bueno el precio pagado, aunque mantuviese que hubo malversación por la mordida. Las periciales de parte sobre el precio del negocio fueron tan dispares (de 915.000 euros a 6,8 millones) que ni entraron en el cuestionario al jurado. La ley no fija un marco común de valoración.