El 38% de los colegios aragoneses de Infantil y Primaria ha presentado proyecto para modificar su jornada escolar. La consejera de Educación, Mayte Pérez, anunció ayer en las Cortes que hasta 148 centros --96 en la provincia de Zaragoza, 26 en Huesca y otros tantos en Teruel-- han optado por solicitar la modificación del horario de cara al próximo curso, aunque no todos ellos --ni mucho menos-- lograrán su objetivo.

Ahora, los proyectos serán analizados uno por uno por una comisión evaluadora formada por la Dirección General de Innovación y por el foro de expertos, que valorarán si las propuestas cumplen los requisitos impuestos por Educación para autorizar el cambio. Si no es así, los centros dispondrán hasta el próximo miércoles para corregir las posibles deficiencias detectadas.

Tras este paso, los colegios tendrán un mes para realizar todas las valoraciones. Así, el proyecto deberá contar con el apoyo de dos tercios del consejo escolar, el mismo porcentaje del claustro y el 55% de las familias. Los centros deberán enviar los resultados al departamento antes del 11 de abril.

CUATRO CONCERTADOS La cifra total de proyectos --solo cuatro corresponden a colegios concertados-- justifica, según expuso ayer Pérez, la apertura del "sereno" debate. "Abrir esta opción es dar oportunidades a la ciudadanía, además de cumplir el objetivo de mejorar el rendimiento del alumnado, que es una premisa que el Gobierno va a vigilar que se cumpla. No puedo asociar que la oportunidad de participar sea un motivo de conflicto", enfatizó.

Por su parte, el sindicato CSIF solicitó ayer la convocatoria "urgente" de la comisión de seguimiento "por los cambios a peor" introducidos por la Administración "sin negociar". El colectivo se refiere a la necesidad de que voten los dos miembros de la unidad familiar. "No valdrá sólo con un voto por familia, sino que tendrán que acudir a votar padre y madre. Algo que hará imposible, en muchos centros, que salgan adelante los proyectos de organización por la realidad aplastante de que en los colegios la implicación y participación familiar la protagoniza, en el mejor de los casos, un solo miembro por familia". Además, añade la "difícil tarea" de obtener al menos el respaldo del 55% del censo total, en vez de ese porcentaje de los votos participantes. "Quien no acuda votará indirectamente no". CSIF pide a la DGA que flexibilice la norma.