Pocas veces los datos de la Administración de asistencia a una manifestación, aunque sean extraoficiales, superan a la sensación de un espectador desinteresado. Pero así sucedió ayer, en la manifestación en apoyo a los 8 de Yesa que recorrió las calles de Zaragoza, cuando las fuerzas de orden público contabilizaron alrededor de 4.000 personas en la marcha, y que transcurrió sin incidentes.
Los ocho homenajeados, que hoy se sentarán en el banquillo acusados de atentado contra la autoridad, lesiones y desórdenes públicos --este último no se lo imputa la Fiscalía--, encabezaban la marcha. Detrás de ellos, literal y figuradamente, una larga lista de colectivos sociales, políticos y representantes de pueblos afectados por expropiaciones, recrecimientos y demás ingredientes mezclados en el cóctel que representa el pantano de Yesa.
La manifestación era el punto culminante de la campaña que la Plataforma por la Absolución de los 8 de Yesa ha desarrollado, logrando el apoyo de diversas instituciones políticas y colectivos sociales dentro y fuera de Aragón. Porque el juicio, como vienen diciendo los propios encartados, trasciende el debate de Yesa sí o Yesa no, para centrarse en el castigo de la protesta social, y su posible desproporción.
Ellos aseguraban ayer estar "tranquilos" y "confiados" en su absolución ya que, a su juicio, los vídeos del incidente son una prueba irrefutable de que ellos no atacaron a nadie.
En palabras de Chesús Royo, el que se enfrenta a la mayor pena (6 años y medio de prisión, de los casi 37 que suman entre todos), lograrán demostrar que no fueron ellos quienes atacaron. "Nosotros no adelantamos líneas, (los guardias civiles) se abalanzaron sobre nosotros", explicó. Están convencidos de que este proceso "no tiene sustento real", y por ello su idea, además de lograr la absolución, es lograr "que se respete la discrepancia política".
En la misma línea, otro de los encartados, el diputado de Podemos por Huesca Jorge Luis Bail, opinó que aunque "no es agradable tener que ir a juicio", lo hacen "para defender los derechos civiles", y también mostró su confianza en la absolución de los ocho acusados.
Pese a la confianza y el gran apoyo social recibido, los precedentes judiciales no juegan a su favor. La carga de la Guardia Civil en Artieda, el 10 de octubre del 2012, contra los manifestantes que intentaban impedir la firma de actas de expropiación para recrecer Yesa, generó ya un proceso judicial. En él se dirimía la actuación de los agentes, y fueron absueltos de cualquier posible abuso de autoridad. La sentencia daba por probado, de hecho, que tuvieron que usar la fuerza para defenderse.
En esa tesis está la Fiscalía, que pide para los 8 de Yesa penas que oscilan entre los dos y los seis años y medio de prisión, y multas que suman unos 22.000 euros.
