Es la cantidad económica que puede alcanzar la sanción a un establecimiento en cuyo interior haya clientes fumando. El importe mínimo por incumplimiento de la ley y que se refiere a la falta de colocación de carteles es de 600 euros. En casos en los que el propietario haga caso omiso a las reiteradas advertencias realizadas por Salud Pública se procede al cierre. En marzo del 2011 se produjo la primera clausura en Zaragoza, en un bar de Torrero.