El Ayuntamiento de Zaragoza ha decidido abrirle un expediente a la empresa que presta el servicio de autobús al barrio rural de Garrapinillos, Samar Buil. A raíz de las continuas quejas de sus usuarios, los problemas comprobados en el cumplimiento de los horarios, o de las denuncias recibidas que alertaban de que la concesionaria había decididio, por iniciativa propia y sin que nadie le haya advertido de que eso no lo puede hacer, utilizar vehículos de transporte escolar para el servicio ordinario.

Según explicaron a este diario algunos de los vecinos afectados, y como reconoció ayer la responsable municipal de Servicios Públicos, Carmen Dueso, los viajeros se tienen que enfrentar a diario a las consecuencias de viajar en un vehículo en el que no hay ni pulsadores que alerten de la solicitud de parada, ni espacios reservados para carros de bebé o personas con discapacidad, y a un estado deficiente de este y otros autobuses a los que tienen que subir por fuerza.

Eso si llega a tiempo, porque también comentaron los afectados que "hay veces que tarda 20 o 30 minutos en pasar" con respecto a su hora marcada, "e incluso ha habido frecuencias en las que no ha pasado". Por eso han solicitado la actuación del consistorio. Ayer mismo, en la comisión de Servicios Públicos, el concejal Raúl Ariza, de IU, se lo recordó a la teniente de alcalde, quien también subrayó que aunque sea una línea que financie el consistorio corresponde al Consorcio de Transportes la obligación de gestionar y hacer cumplir con el servicio que se le exige en la concesión a Samar Buil.

Mientras, IU también lamentó que el Consorcio no haya cumplido con su compromiso de realizar una encuesta de movilidad en el área metropolitana de Zaragoza. Debía hacerlo en el 2013, coon los 102.000 euros consignados en su presupuesto, 65.000 de ellos aportados por el ayuntamiento. Un estudio que estaba llamado a servir de base para el nuevo Plan Intermodal de Transportes, para el que también se habían previsto trabajos en el 2014. Y no se ha hecho nada.