Desde ayer, los magistrados zaragozanos pueden presentar su candidatura a suceder a Ángel Dolado como juez decano de Zaragoza. Los resultados de la votación se conocerán a las 13.00 horas del próximo 17 de marzo, si bien el elegido no ocupará su plaza efectivamente hasta que su nombramiento aparezca publicado en el BOE, lo que podría demorarse un mes. Aunque no hay candidaturas presentadas, en los mentideros judiciales se habla de hasta cuatro candidatos, de distintas jurisdicciones.

El actual juez decano, Ángel Dolado, dejará el cargo el día 21 de marzo, tras ocho años en él. Lo hará para asumir su nuevo destino en un juzgado de Familia, que en realidad ya compagina con sus últimas semanas como decano, según explicaba en una reciente entrevista con este diario.

Tras esta fecha, hasta que el nuevo decano ocupe oficialmente el despacho con vistas al pabellón de Aragón de la Expo, el puesto lo asumirá interinamente la jueza más veterana de la plaza en la actualidad, María Asunción Learte, titular del Juzgado de lo Social número 3 de la capital.

Según fuentes jurídicas consultadas, entre los candidatos figurarán al menos cuatro jueces, de instrucción, penal, civil y social. Las mismas fuentes rehusaron dar nombres, dado que aún no han presentado físicamente la solicitud. Pero según se viene rumoreando desde hace semanas en los juzgados, el representante de la primera categoría será José Ignacio Martínez, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza. Es quien ha asumido, entre otras causas de renombre, el caso saqueo de Plaza, la pieza principal, aún pendiente de señalamiento para la celebración del juicio.

Por otro lado, mientras Ángel Dolado agota sus últimas semanas como juez decano de la capital aragonesa, no ha perdido oportunidad de mostrar su opinión en una de las últimas polémicas judiciales a nivel nacional. Lo ha hecho, junto con los decanos de otras 62 ciudades y de los juzgados centrales de la Audiencia Nacional, para mostrar su rechazo a las diligencias abiertas contra un compañero por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

SECRETISMO

Estas diligencias, según adelantó el diario Público, fueron abiertas contra el magistrado Manuel Ruiz de Lara, portavoz de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial. Lo primero que ha soliviantado a los jueces es que tardaran más de un año en darse a conocer, ya que según lo publicado fueron iniciadas en mayo del 2015, pero no comunicadas hasta agosto del 2016.

Pero lo que ha indignado principalmente a los jueces son los motivos. Primero, por la actividad de la propia plataforma, que se dedica a investigar y denunciar los nombramientos que consideran claramente políticos entre los magistrados. Y también por la participación del juez en foros de debate universitario, con viajes a Europa, pero que sufraga él mismo. Para Dolado, esto supone un ataque a la libertad de expresión y un «macarthismo judicial» inédito.