El fiscal retiró en sus conclusiones definitivas los cargos contra el abogado José Miguel Crespo, uno de los siete acusados (hasta ayer) por la macroestafa de 4,2 millones de euros con la instalación de supuestas fábricas de contenedores con fines humanitarios, una de las cuales iba a instalarse en Gallur. El ministerio público era el único que acusaba al letrado, asesor externo de la empresa Scinet durante nueve meses, pero en los cinco días de juicio no ha habido muchas pruebas de que conociera la estafa o tuviera un papel relevante en ella, por lo que quedó libre de cargos.
El ministerio público también rebajó la pena que solicitaba inicialmente para el cerebro de la trama, Enrique Irazábal y sus dos colaboradores más estrechos, Elsa Andrés y Jesús Fernández, en atención a que admitieron los hechos. Las rebajó a 11, 6,5 y 5,5 años, respectivamente. Pero no rebajó un euro la responsabilidad civil, una indemnización de la que aportaron 300.000 euros al inicio de la vista.
El ministerio público mantuvo asimismo los cargos contra el resto de presuntos implicados por captar inversores para el negocio humanitario, Elizabeth Mamontoff y Antonio Yoldi (padre e hijo). Las acusaciones particulares los mantuvieron igualmente.
