El abogado argentino Carlos Slepoy regresó ayer a los antiguos juzgados de la plaza del Pilar de Zaragoza en los que comenzó su trayectoria profesional como defensor de las víctimas del franquismo en los últimos años de los setenta.

--¿Cómo valoran la respuesta política aragonesa a su petición de apoyo?

--En líneas generales muy positiva. Hubo unas manifestaciones de apoyo muy claras a nuestra propuesta por parte de algunos grupos y una actitud de comprensión y de respeto por parte de otros. Ha sido absolutamente minoritario el sector del parlamento que tuvo una actitud hostil.

--¿Por qué han decidido trasladar parte del frente judicial a los ayuntamientos?

--En este proceso ha avanzado mucho la idea de que es necesaria una implicación cada vez mayor de más gente y organismos contra la impunidad. Creemos que se han creado las condiciones suficientes para que se haga lo que hay que hacer. Con la impunidad del franquismo tiene que terminar la justicia española. Esta es una forma de promover que existan querellantes individuales y consideramos que los ayuntamientos son la institución más adecuada para encauzar estos litigios, por su proximidad con las víctimas y su conocimiento de los hechos.

--¿Ustedes quieren que los propios ayuntamientos se presenten en un juzgado en defensa de sus vecinos represaliados?

--Partimos de la base de que en España habrá muy pocos pueblos que no tengan víctimas del franquismo. Qué mejor que el propio ayuntamiento el que defienda a sus vecinos. Imaginemos un ataque terrorista contra la población: inmediatamente el ayuntamiento se haría cargo de un proceso penal para defender a los afectados. Eso queremos que suceda en toda España.

--La Justicia española hasta ahora no se ha caracterizado por su interés a la hora de investigar el franquismo...

--Creemos que es una aberración que no se puedan investigar los crímenes en el país en el que se han cometido. Es absolutamente intolerable. La justicia española hace poco daba clases al mundo sobre cómo se tienen que perseguir este tipo de delitos. El problema es que se ha naturalizado que el franquismo no se puede investigar, pero no es una cuestión que solo suceda en España.

En todos los tránsitos de dictadura a democracia se produce este fenómeno en el que se piensa que los mejor en no remover heridas. La justicia de un país es un elemento central y si no es capaz de actuar en un proceso como este pierde su legitimidad para actuar en delitos menores. Por lo tanto, si las reclamaciones salen adelante será un triunfo de la sociedad sobre el poder.