Los colegios de abogados aragoneses escenificaron ayer su unidad en contra del decreto de justicia gratuita del Gobierno de Aragón, promulgado el pasado 17 de noviembre, contra el que no solo presentarán el ya anunciado recurso contencioso-administrativo, sino que pedirán su suspensión para que no entre en vigor el próximo 1 de enero.

Los decanos de los colegios de Zaragoza, Huesca y Teruel, Antonio Morán, Ángel García y Manuel Gómez, respectivamente, aseguraron ayer tras una reunión extraordinaria de las tres juntas de gobierno de los colegios, así como de los miembros del Pleno del Consejo de Colegios de Abogados de Aragón, que este decreto supone una «grave reducción» en la inversión en Justicia.

Según expusieron, el problema no solo afecta a los letrados, o a los procuradores, sino «sobre todo a los ciudadanos» destinatarios de la justicia gratuita, un servicio público que equipararon a la sanidad o a la educación.

En cifras, el decano Morán afirmó que la reducción de la inversión para Justicia en general para este año en Aragón ha sido de un 0,8%, y de esa cantidad se destina solo un 5,9% a justicia gratuita.

Según su análisis del informe La Justicia dato a dato, que elabora anualmente el Consejo General del Poder Judicial, entre el 2014 y este año Aragón se sitúa a la cola de las comunidades, tan solo por delante de La Rioja, que destina un 5%. El resto dedican entre un 8% y un 9% de media, que en casos como Canarias o Cataluña llega al 11% y al 13%, respectivamente.

Otro dato significativo, apuntó, es que en el coste por ciudadano Aragón también «está a la cola» de España, con 3,16 euros, de nuevo únicamente por delante de La Rioja, con 2,83 euros, frente a los 3,5 euros de media.

Morán recordó que los responsables de los tres colegios aragoneses han mantenido diferentes reuniones con la Dirección General de Justicia del Gobierno aragonés «durante muchos meses»,y que el único documento que tenían sobre la mesa era el del decreto del 2014, que les parecía «razonable».

También lamentó la «oportunidad perdida» de haber elaborado antes del decreto una ley de justicia gratuita «con unas miras más amplias», ya que la anterior ley data de 1996 y tiene «muchos flecos pendientes de solución».

RECORTES

El decano zaragozano recordó que, como publicó este diario, la reducción presupuestaria para su colegio -en el apartado de pago de infraestructura- les ha obligado a prescindir de dos administrativos y a reducir de cinco a cuatro días el Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) al ciudadano. Cifra el recorte en más de 350.000 euros, aplicando el nuevo sistema de cobro (por porcentaje, en lugar de un fijo por expediente) a las cifras de este año. Calculó un déficit de 60.000 euros para sufragar el servicio, que no están dispuestos a pagar con cuotas de colegiados porque es un servicio público que debe mantener la Administración.

El rector turolense, Manuel Gómez, insistió en que el acceso gratuito a la justicia por parte de quien lo necesite es «un logro que hay que mantener», a cuenta de la DGA, que para ello tiene las competencias transferidas. Su homólogo oscense, Ángel García, incidió en que se ha de «garantizar en todo el territorio, esté más o menos poblado», sea rentable o no. En Aragón «no todo el mundo vive en el paseo de la Independencia», ilustró, para criticar la excesiva burocratización y con ello los retrasos que supone, a su juicio, el nuevo decreto.