La DGA está dispuesta a llevar parte de los órganos judiciales al solar de la Expo, pero a los colectivos judiciales no les convence la operación. Así, el Colegio de Abogados se ha pronunciado en contra de esta solución por considerar que "quiebra el acuerdo para crear un distrito único", según el decano Ignacio Gutiérrez Arrudi.

Para los abogados zaragozanos, trasladar a Ranillas los órganos jurisdiccionales unipersonales, dejando en Zaragoza las salas de la Audiencia Provincial, equivale a "partir en dos" la organización judicial.

"Llevar solo los juzgados a la Expo y olvidarse del resto de los tribunales no resuelve el problema de la dispersión de las sedes en Zaragoza", señaló Gutiérrez Arrudi, para quien el plan del Gobierno aragonés es "costoso e ineficaz".

La DGA ha reservado en Ranillas 50.000 metros cuadrados, en los edificios dedicados durante la Expo a acoger a los participantes. Pero muchos colectivos que giran en torno a la Justicia, y no solo los abogados, son reacios a abandonar el centro de la ciudad por una zona que carece de servicios, está alejada y no cuenta con una buena comunicación.

OFICINA JUDICIAL En cambio, la DGA ve en el traslado a Ranillas la posibilidad de poner en marcha la ansiada reforma de la oficina judicial. Además, la consejería de Política Territorial, Justicia e Interior, presidida por Rogelio Silva, cree que la agrupación de juzgados de todas las jurisdicciones en la Expo servirá para ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos y a los profesionales del Derecho.

Con todo, el Colegio de Abogados de la capital aragonesa sostiene que la fórmula diseñada por el Gobierno aragonés no tiene mucho que ver con las ciudades de la justicia construidas en varias ciudades españolas, como Valencia y Bilbao. En ambas localidades, todos los órganos judiciales se han trasladado a zonas de nueva construcción, lo que facilita el desarrollo de su función.

Sin embargo, esta solución también tiene detractores. El propio presidente de los colegios abogados españoles, el aragonés Carlos Carnicer, manifestó el pasado mes de diciembre que "a la larga, las ciudades de la justicia se saturan y dejan de resultar funcionales".