La Audiencia de Huesca ha absuelto al exalcalde de Santaliestra Javier Mur de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos que le fueron imputados por destinar 96.833 euros de una subvención para liquidar los créditos contratados por seis vecinos para los gastos jurídicos de las causas emprendidas contra la expropiación de terrenos para un embalse.
Mur se enfrentaba a una petición fiscal de 5 años de prisión y 8 de inhabilitación, así como otra de hasta 18 años formulada por la acusación particular en nombre de un grupo de vecinos que no recibieron dinero público con el que sufragar sus respectivos pleitos contra la administración central.
Según el tribunal, el acusado actuó en la "fundada creencia" de que no estaba infringiendo ningún precepto legal, y que la "confusión" generada entre los intereses del ayuntamiento y de los propios vecinos en la lucha contra el proyecto del embalse de Santaliestra pudo producirle la "errónea creencia" de que actuaba dentro de la legalidad.
A este respecto, subraya la sentencia que "todos, o la generalidad de los vecinos del pueblo, estaban radicalmente en contra de la construcción del embalse de Santaliestra, y habían emprendido toda clase de acciones, incluidas las judiciales, para impedir que el proyecto saliera adelante.
Los magistrados advierten que el exalcalde se amparó en un acuerdo de la Comisión de Agua de Aragón que amparaba la búsqueda de fórmulas para compensar a los vecinos de Santaliestra por los gastos judiciales generados para solicitar, en 2005, una ayuda a la Diputación de Huesca con la que subvencionó a seis vecinos, entre ellos su padre.
"La resolución dictada -añaden a este respecto- estaba amparada por el informe del secretario, lo que excluiría el conocimiento por parte del acusado de la posible injusticia de la resolución".
Destacan, además, que el secretario interventor del consistorio, fallecido en 2012 y también procesado en esta causa, avaló la supuesta legalidad de la acción llevada a cabo por el exalcalde, de cuyas acciones, subrayan, estaban al corriente todos los vecinos.
Agrega el tribunal que tanto el acusado como el resto de concejales y una gran parte de los vecinos estaban "persuadidos" de que iban a recibir una subvención para liquidar el crédito bancario contratado.
La Audiencia de Huesca sí que constata que la custodia y cuidado de la documentación municipal era "caótica" y que se produjeron "irregularidades contables" ya que las órdenes de pago sólo las firmaban el exalcalde y el secretario, sin la obligatoria firma de un concejal más del consistorio.
