Los técnicos en cuidados de enfermería meditan llevar a los tribunales la imposibilidad de acceder a las historias clínicas de sus pacientes. Así lo expuso ayer el Sindicato de Auxiliares de Enfermería (SAE), que se refirió a una situación vivida el pasado miércoles en el Centro de Atención a Disminuidos Intelectuales (CADI) de Zaragoza, cuando el desconocimiento por parte de un técnico de la enfermedad de un residente puso "en riesgo" la salud del sanitario. "Uno de los facultativos de la ambulancia que acudió para trasladar a un residente al hospital de referencia se sorprendió al comprobar que el Técnico en Cuidados de Enfermería que colaboraba en el traslado del paciente lo hacía sin la debida protección", expuso el sindicato en una nota de prensa.

El facultativo preguntó al técnico por qué no llevaba máscara, ya que el paciente padecía SARM activo (bacteria estafilococo resistente contagiosa si está en activo). "Esta expresión que para muchos no tiene sentido para un profesional sanitario es la confirmación expresa de que se está exponiendo a un riesgo innecesario y evitable con la consulta de su historia clínica y la adopción de las medidas de higiene establecida", indicaron desde el colectivo.

Para SAE, "la exigencia de los Técnicos en Cuidados de Enfermería de acceso a la historia clínica de los pacientes, de cualquier centro sanitario, no es una petición baladí" y la situación experimentada en el CADI "es una muestra de la magnitud del problema y un atisbo de las consecuencias que esta negativa puede llegar a tener".

"Para los profesionales sanitarios da igual que sea un SARM activo que una gripe o una hepatitis porque deben atender a todos los profesionales con las máximas garantías para ambos", expuso el sindicato, que ha exigido en reiteradas ocasiones, como adelantó este diario, que se permita a este colectivo, "que en definitiva son los profesionales sanitarios que pasan la mayor parte del tiempo con los residentes y quienes les dispensan los cuidados básicos" el acceso a la consulta de estos historiales.

Para el colectivo, estos profesionales "están expuestos a ciertos riesgos evitables con estos documentos y sujetos al secreto profesional, lo que garantiza la protección de la intimidad de los pacientes", por lo que "no hay ningún argumento que justifique esta negativa". Por ello, meditan acudir a la Justicia "en defensa de este derecho de los profesionales".