La familia de Robert Racolti, el joven fallecido en Ricla a consecuencia de un disparo en la cabeza efectuado por Francisco Canela Grima en la bodega de este, quiere que sea enviado a prisión provisional hasta que se repita el juicio con jurado por el crimen, previsto para finales de abril. Así lo solicitaron ayer sus abogados, que también representan a la novia del fallecido, Cristian Anghel y Mariano Montesinos. Fue este último quien expuso, en una vistilla celebrada en la Audiencia Provincial de Zaragoza, que debería ser enviado a prisión provisional por riesgo de fuga, que «sigue latente».
A la petición se adhirió la otra acusación, la Fiscalía, cuya representante precisó que Canela no llegó a cumplir el plazo máximo de dos años de prisión provisional -prorrogable por otros dos- antes de ser excarcelado.
El acusado fue condenado por un jurado popular por un delito de homicidio imprudente y el magistrado presidente del jurado le impuso la máxima pena posible por ello, cuatro años. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón anuló el juicio, al considerar que el tribunal popular no motivó suficientemente su decisión.
Entre otras cosas, por citar como motivos de convicción informes contradictorios, como los de la Guardia Civil, que indicaban un crimen intencionado (un disparo efectuado a distancia, de arriba hacia abajo y con la víctima de cara al pistolero) y los de la defensa, que apuntaban la posibilidad de un disparo fortuito en un forcejeo, que fue la tesis que convenció al jurado.
Tras la anulación del proceso, Canela vuelve a enfrentarse a una petición de penas que oscila entre los 25 años de la acusacion particular y los 18 que solicita la Fiscalía. De ahí que ambos coincidieran ayer en que sigue existiendo riesgo de fuga, «aunque ya no de destrucción de pruebas», y el crimen es lo suficientemente grave para justificar la prisión provisional.
La defensa de Canela, a cargo de Soraya Laborda -y Laura Vela-, insistió en que este riesgo de fuga no existe, porque desde que salió de prisión sigue «un tratamiento contra la adicción» al alcohol y las drogas, que se relacionó con el crimen. Y además su familia está encima de él, no ha faltado a ninguna firma en el juzgado y «acaba de encontrar trabajo». El propio Canela defendió en su turno de palabra que ha hecho todo lo posible para «pagar lo que debo. Intento trabajar, llevar una vida normal, ser responsable con lo que ha pasado hasta el final. No puedo hacer más», alegó.
La jueza Esperanza de Pedro decidirá sobre su libertad.
