El juicio contra el empresario minero Victorino Alonso como presunto responsable de la destrucción del yacimiento prehistórico de la Cueva de Chaves ha concluido hoy con los informes finales de las acusaciones, que han mantenido su petición de prisión para el acusado, y de las defensas.

La jornada final de la vista ha contado con la presencia como perito del codirector del yacimiento de Atapuerca y Premio Príncipe de Asturias, Juan Luis Arsuaga, para quien la destrucción de Chaves constituye una grave pérdida para el estudio de la evolución de especies como el bucardo, ya extinguida, y el lince ibérico.

Arsuaga ha comentado que en Chaves fueron hallados registros muy antiguos de ambas especies que sirvieron para la realización de tres tesis doctorales sobre los ecosistemas en los que evolucionaron.

Ha añadido que estas tesis, que dirigió él mismo, contienen informaciones relevantes para la conservación futura del lince y aportaciones de valor sobre el bucardo, una variedad de cabra pirenaica extinguida en el último tercio del siglo XX y que tuvo en el Pirineo aragonés su último reducto.

El paleontólogo, para quien la destrucción de Chaves constituye una "tragedia casi personal", ha añadido que el yacimiento disponía de registros "muy importantes" para el estudio de los primeros ganaderos surgidos en la prehistoria más reciente, base, ha subrayado, de las sociedades modernas.

Por su parte, la arqueóloga Lourdes Montes, que colaboró con el investigador ya fallecido que puso en valor el yacimiento, Vicente Baldellou, ha señalado que Chaves permitió a los investigadores cambiar la idea de que el arte rupestre neolítico se localizaba exclusivamente en el litoral mediterráneo.

Esta investigadora, para quien Baldellou, en contra de lo sugerido por las defensas, no hubiera autorizado "nunca" la entrada de una pala excavadora en la cueva para retirar unas piedras que amenazaban caer desde el techo, ha destacado que Chaves era un yacimiento "singular en todos los sentidos".

Según ha explicado, las grandes dimensiones de la cueva, con más de tres mil metros cuadrados de superficie, sugerían la idea de una estructura de poblado y aportaban datos de un interés trascendental para el estudio del neolítico.

En respuesta a los peritos judiciales y a los designados por las acusaciones, los expertos citados por las defensas han admitido un "cierto impacto" de los trabajos realizados en el yacimiento, aunque han puesto en duda la posibilidad de cuantificar el daño realizado.

Por esta razón, han rechazado las valoraciones hechas tanto por Baldellou como por un arqueólogo del Gobierno aragonés, José Ignacio Royo, quienes cifraron los daños en 50,9 y 14,3 millones de euros, respectivamente, y los han cifrado en torno a los 810.000 euros.

Tras las pruebas periciales, el fiscal ha mantenido su petición de 2 años y 8 meses de prisión para Victorino Alonso por un presunto delito contra el patrimonio histórico y el pago de una indemnización al Gobierno aragonés de 14,3 millones de euros por los daños causados.

Además, ha instado al juez a ordenar al empresario a restablecer las afecciones causadas a la zona en la que no actuó la excavadora.

Las acusaciones en nombre de Ecologistas en Acción y de la asociación Acción para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa) han mantenido a su vez su petición de 3 años de prisión para el empresario y el pago de una indemnización de 50,9 millones, acorde con la valoración hecha por Vicente Baldellou.

El representante legal de los conservacionistas ha reclamado, asimismo, una condena añadida de 3 años de prisión para el acusado como presunto responsable de daños al medio ambiente.

La letrado del Gobierno de Aragón, que sólo concurría en la causa para ejercer la acción civil, ha reclamado a su vez el pago de la indemnización de 50,9 millones de euros.

Por su parte, la defensa, en nombre del acusado, ha solicitado la absolución de su cliente al considerar que no era responsable de la destrucción del yacimiento.

Las defensas en nombre de la empresa que gestionaba el coto donde se ubicaba el yacimiento, Fimbas, y de la que llevó a cabo los trabajos, Ferpi, encausadas como responsables civiles subsidiarias en el pago de las indemnizaciones, han rechazado las valoraciones por daños de las acusaciones y se han remitido a las de sus peritos.