El jurado popular ha declarado por unanimidad a María del Carmen Alejandre culpable del incendio del 11 de julio de 2015 en la residencia de Santa Fe (Zaragoza), en el que fallecieron nueve ancianos y otras nueve personas resultaron heridas.

Después del juicio, celebrado la semana pasada en la Audiencia Provincial de Zaragoza y en el que la Fiscalía pedía 62 años de cárcel que las acusaciones particulares elevaban hasta los 138, el jurado ha determinado que la acusada, de 64 años y residente en dicho centro de mayores, prendió fuego intencionadamente a un colchón en una habitación desocupada.

Asimismo, el jurado ha constatado que, pese a que la acusada juró por su hijo que no había provocado el incendio, el fuego fue la causa de todos los fallecimientos y lesiones.

Del mismo modo, ha considerado que María del Carmen Alejandre era consciente de que en el momento de los hechos, a las 23.30 horas, la mayoría de los residentes estaban durmiendo y algunos de ellos, impedidos, aunque sí ha reconocido una alteración psíquica leve, tal y como defendía también el Ministerio Fiscal.

El jurado se ha declarado también contrario a la disminución de penas y al indulto y la fiscal, Pilar Cavero, ha solicitado que se prorrogue la prisión provisional para la acusada hasta el límite legal de 4 años, mientras que la abogada defensora, Sara Pradas, ha reclamado la libertad provisional para su cliente al entender que no existe riesgo de fuga.

Después de la lectura del veredicto, Ricardo Agoiz, abogado de nueve de las familias, ha realizado en declaraciones a los medios una valoración "completamente satisfactoria", dado que las 15 preguntas planteadas al jurado para demostrar la culpabilidad de la acusada han sido respondidas por unanimidad.

No obstante, ha indicado que las posibles responsabilidades civiles son únicamente objeto de la sentencia que emita el magistrado.

A lo largo del juicio se ha dejado abierta la posibilidad de que las familias recurrieran al Gobierno de Aragón por la vía de lo contencioso-administrativo, como defendía la fiscal y el propio Agoiz, frente a tres acusaciones que mantuvieron la posición re reclamar la responsabilidad civil subsidiaria a la DGA.

"Vamos a ver lo que dice la sentencia", ha dicho el letrado, ya que ha reconocido que era "cierto" lo que argumentaba el representante del Gobierno Autonómico de que no cabía dicha responsabilidad civil subsidiaria al no haber ningún funcionario público imputado.

Por tanto, ha afirmado que los pasos posteriores dependerán de la "sensación" que deje la sentencia, en el sentido de que si condena al Gobierno de Aragón o indica la posibilidad de un contencioso, acudirán, mientras que si no condena o no ve la responsabilidad civil "por ningún lado" lo tendrán que valorar, ya que supondría el riesgo de asumir las costas.