El responsable de Servicios Públicos y Personal del Ayuntamiento de Zaragoza, Alberto Cubero, verá en pocos días cómo se resucita una polémica a la que creía haber dado carpetazo el pasado mes de diciembre. Con un decreto firmado de su puño y letra con el que pretendía zanjar una oposición irregular de auxiliar administrativo que acabó dándole, hace cuatro años, la plaza de funcionario a trece personas equivocadas. En una convocatoria en la que, a mitad del proceso, se cambiaron los criterios de valoración y otorgó el puesto a unos y excluyó a otros. Al final, la justicia le dio la razón a estos últimos y él decidió ampliar la contratación y dar cabida a todos ellos. Y ahora es un grupo de aspirantes en ese examen, algunos de ellos interinos en el consistorio, los que piden la revocación del decreto y le acusan de "regalar trece plazas de funcionario".

Así podría resumirse lo ocurrido en un largo proceso que ha llevado a que trece personas estuvieran ocupando plaza de funcionario durante cuatro años sin tener que hacerlo. Al menos eso dijo una sentencia judicial que tenía que acatar el consistorio. Y en ello incide el recurso de reposición presentado el pasado viernes por este grupo de aspirantes, que entienden que la inclusión de estas 13 personas se ha realizado "sin sistema de selección alguno, ni haber superado ningún proceso selectivo y sobre todo sin respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad".

Así lo indica su recurso, que también rebate el criterio al que Cubero alude en su decreto para contratar así a estas trece personas como funcionarios. El concejal de Zaragoza en Común (ZeC) apeló a una sentencia del Tribunal Supremo del 18 de enero del 2012 para mantener el nombramiento de estos funcionarios a pesar de admitir que eran otras las personas que debieron ocupar su plaza hace cuatro años. En ella, relativa a una oposición de Instituciones Penitenciarias, se consideraba a estos trabajadores eran actuantes de buena fe y, por tanto, se vieron beneficiados de forma involuntaria.

Pero quienes piden anular el decreto explican que esta es una "clara desviación de poder" de Cubero y una "aplicación indebida" de una sentencia del Supremo, que dicta sobre un caso distinto. Porque en aquella oposición, explican, no hubo cambios a mitad del proceso como en esta --eran 41 plazas, luego fueron 45 y han acabado contratando a 58--, y la nota de corte se fijó con posterioridad al examen, no como en este caso de Zaragoza.