La plataforma de afectados por las supuestas estafas de la franquicia odontológica Idental han denunciado hoy la "impotencia" que sienten ante el "abandono" institucional que padecen, entre otros del consejero de Sanidad, Sebastián Celaya, quien no ha respondido a sus demandas de reunión.

La asociación de afectados, más de cuatrocientos, ha comparecido hoy ante la Comisión de Comparecencias Ciudadanas y Derechos Humanos de las cortes para explicar, por ejemplo, cómo firmaron créditos con Idental para recibir tratamientos que no les fueron proporcionados o que, en el caso de que sí recibieran, fueron "un desastre", en palabras del presidente del Colegio de Odontólogos de Aragón, Luis Rasal.

La portavoz de los afectados de Zaragoza, Mery Alves, ha lamentado que todos ellos llevan más de dos años para buscar una solución y ningún organismo los ha respaldado, indican fuentes parlamentarias.

Sin embargo, desde la Dirección General de Consumo del Gobierno de Aragón han precisado a Efe que la actual directora general, Rosa María Cihuelo, se ha reunido con la Asociación de Consumo Torre Ramona (Actora) y con el Colegio de Odontólogos para tratar este asunto, sobre el que entre 2016 y 2017 han llegado al Ejecutivo 179 reclamaciones.

Además, el Gobierno de Aragón envió hace pocos meses a la Fiscalía un expediente con todas las denuncias recibidas y los procesos abiertos y desde el Ejecutivo han explicado que este se ha admitido a trámite.

Por su parte, La presidenta de la Actora, Lucía Germani, ha precisado que las personas que aceptaron estos tratamientos eran "enfermas y con pocos recursos económicos" y por eso ha pedido a los grupos parlamentarios que se preocupen por las personas implicadas.

Otra de sus peticiones ha sido el impulso a la coordinación de las administraciones para que "no se pueda hacer negocio con la salud de las personas".

Rasal ha explicado que a esta franquicia odontológica acudían personas "tras una publicidad engañosa", en tanto en cuanto los pacientes entendían que se les ofrecían subvenciones públicas y que, por lo tanto, se sometían a un tratamiento correcto.

Ha añadido que a los clientes se les proporcionaba un presupuesto "altísimo", de hasta casi 20.000 euros, que posteriormente rebajaban según los ahorros del paciente.

Pero también se les retrasaban las citas continuamente y les atendían hasta catorce dentistas distintos que, según Rasal, "no disponían de la formación adecuada".

El diputado del PP Fernando Galve, aunque ha apostado por encontrar una "solución favorable" para ambas partes, también ha dicho que "para un delito de estafa, como parece ser este, están los tribunales y la justicia".

El socialista Enrique Pueyo ha considerado "asombroso" que una empresa de estas características siga trabajando en España, con prácticas que parecen "ruines y miserables", como demuestran las 224 denuncias ante consumo, un número que es "una salvajada".

Desde Podemos, Raúl Gay ha considerado que Idental es un "claro ejemplo" de lo que ocurre cuando se deja la salud en manos de una empresa privada: "se pierde la salud y el dinero", ha sentenciado.

También el PAR ha mostrado todo su apoyo a los afectados por la "mala praxis" y "engaños" de una empresa que pretende dar "otra imagen".

Jesús Sansó, de Ciudadanos, ha llamado la atención sobre el hecho de que en España han llegado a existir entre 2.500 y 3.000 clínicas ilegales, y ha insistido en la necesidad de impulsar, como ha hecho su formación, propuestas legales de control.

Finalmente, Gregorio Briz, del Grupo Mixto (CHA), ha alertado sobre la necesidad de "regular la publicidad engañosa" y ha instado a determinar qué acciones se pueden llevar a cabo con los medios e instrumentos con los que cuenta la administración, que a veces se encuentra con impedimentos ante un tema de litigio privado.