"Ss un derecho y estamos aquí para ejercercerlo". Más de diez familias afectadas por los retrasos del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) interpusieron ayer las primeras reclamaciones patrimoniales en el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) con el objetivo de que mediante este recurso consigan que se haga efectivo el "derecho social" de la ciudadanía a cobrar esta ayuda, que en algunos casos acumula un retraso de más de ocho meses.

Según los datos que maneja Marea Naranja, más de 4000 familias se han visto afectadas por estos retrasos en el 2013 y algunos casos acumulan una deuda de 3.000 euros.

Mediante las reclamaciones patrimoniales, los particulares tienen derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, en este caso el Gobierno de Aragón, de "toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos" --salvo en los casos de fuerza mayor--, siempre que la lesión sea "consecuencia del funcionamiento normal o anormal" de los servicios públicos.

"Consideramos que es nuestro dinero, porque tenemos una ayuda concedida, y vamos a pelearlo hasta al final", apuntó una de las afectadas. El siguiente paso en este proceso está en manos del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, que cuenta con un plazo de seis meses para responder a las reclamaciones. Si su contestación es favorable, las familias recibirán debidamente la cantidad retrasada.

En caso de que el organismo público rechace las peticiones, los afectados podrán llevar sus casos a manos de la Justicia. "Las consecuencias son muy graves por culpa de un incumplimiento del Gobierno, por lo que la gente está decidida a todo. No se descarta ir más allá si el IASS no nos hace caso", apuntó Fermín Cebrián, representante del Espacio de Promoción y Defensa de Derechos Sociales de Marea Naranja, que está asesorando a los afectados con esta reclamación.

CIERTO TEMOR Está previsto que en los próximos días lleguen al IASS más reclamaciones patrimoniales, ya que el "temor" impidió ayer a muchos acudir a la sede. "Hay quien tiene miedo a sufrir consecuencias y pasar a una situación aún peor, y es comprensible", apuntaron.

Por otro lado, el próximo día 29 de abril, a las 11.30 horas, está prevista una nueva concentración ante la sede de la DGA para reclamar la prestación pública y, al mismo tiempo, protestar por el anteproyecto de ley propuesto por la DGA y que modifica los requisitos para acceder al IAI. "Los recortes podrían dejar fuera de la ayuda a más de 1000 familias solo en Zaragoza capital, que quedarían sin ningún tipo de recurso en un momento de crisis generalizada", apuntaron las fuentes.