Secuestrador o padre preocupado. Este es el dilema que tendrá que resolver la jueza del Juzgado de lo Penal número 6 de Zaragoza respecto a Marian M. Tanto la Fiscalía como la acusación particular, ejercida por el letrado Carlos Montero, apuestan por la primera opción, y le piden cuatro años de prisión por sustracción de menores, al llevarse a sus hijos a Rumanía. La defensa, a cargo del abogado José Manuel Marraco, pide la absolución al considerar que obró de buena fe.

Los hechos comenzaron en junio del 2010. Hasta entonces, el padre gozaba de la guardia y custodia de los hijos, tras un divorcio complicado con múltiples denuncias de su pareja por amenazas por parte de la mujer. Todas ellas resueltas a favor del padre, según su abogado. El día 1, la Audiencia Provincial estimaba un recurso de la madre sobre la custodia, y se la otorgaba a ella. Una de las claves del proceso está en dirimir si el hombre realmente se enteró de esta sentencia antes de irse a Rumanía. Él sostiene que no lo hizo hasta septiembre, cuando ya estaba allí y había iniciado trámites para obtener la custodia según las leyes rumanas.

El hecho es que el 21 de junio, su mujer se presentó en el piso para decirle que tenía que abandonarlo, ya que el juez le había dado la custodia a ella. El hombre se negó, según él porque pensaba que era otra de sus denuncias, falsas según él. "Tenía muchas, no quería creer nada de lo que me decía", aseguró en su declaración.

POLICÍA Acabaron llamando a la Policía Local, pero los agentes interpretaron erróneamente que la sentencia aún podía ser apelada --en este ámbito legal no existe esa figura, "pero no se pude esperar que la Policía lo supiera", según los letrados--, por lo que dijeron a la mujer que aún no tenía derecho a ocupar la vivienda.

Hubo un acuerdo entre los padres, aunque las versiones difieren. Según él, quedaron en que los hijos vivirían con él hasta acabar el curso, y luego irían a Rumanía, hasta que ella fuera en agosto. En la versión de la madre, se encontró la casa vacía cuando fue a recuperarla --se había acabado el contrato--, y él se había ido con sus hijos sin decirle nada.

Tras abandonar la vivienda y antes de irse a Rumanía, tuvo tiempo de dar de baja a su hija del colegio, lo cual para la acusación es una prueba de que planeaba no volver, mientras para la defensa demuestra que no estaba huyendo furtivamente. "Nadie que se fugue pierde tiempo en eso", explicó su abogado, José Manuel Marraco.

La madre fue a Rumanía a mediados de agosto, lo que para la defensa refleja que no estaba tan preocupada por los niños; su abogado, sin embargo, arguye que tenía que trabajar. Mientras, el hombre solicitó allí la custodia de los hijos, aportando la documentación española excepto la última sentencia.

La mujer tuvo que volver a España para solicitar la repatriación de los menores, ya que allí la Justicia tenía abierto el proceso del padre. Finalmente lo consiguió, a través de la Interpol, en diciembre. Marian M. explicó que no se resistió al arresto, porque si antes quería "empezar una nueva vida" en Rumanía, también quería volver a España a "aclarar las cosas". Por el momento, lleva más de un año aquí pero sin poder ver a sus hijos.