Agapito Iglesias podría pasarse una buena temporada en la cárcel por sus trabajos como constructor en la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza). A la condena de 4 años por la constucción de unas naves que le impuso la Audiencia de Zaragoza y a los 5 años y 10 meses a los que se enfrenta por la supuesta malversación, junto a 24 acusados más, de 150 millones en la urbanización de estas instalaciones, ahora se enfrenta a otros 8 años por cobrar las obras de un aulario con, al parecer, facturas falsas.
Así se lo acaba de notificar el magistrado encargado de la investigación, Rafael Lasala, titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza. Una petición de prisión que realiza José Luis Gay, el abogado de la DGA que se dio cuenta de que Iglesias presentó una documentación, al parecer ficticia, en otro juicio por la vía civil en el que resultó absuelto.
DOS DELITOS / El Ejecutivo autonómico considera que Agapito Iglesias es autor de un un delito de estafa agravada y otro de falsedad documental. Con esta acusación coincide la Fiscalía, si bien la solicitud de penas es algo inferior, 6 años. Ambas parten solicitan el pago de una indemnización de 1.434.086,85 euros, cantidad que consideran que no tendría que haber pagado la entidad pública.
Las acusaciones señalan en sus escritos que las facturas que presentó el constructor soriano en las obras del aulario de FP encargado por el Gobierno de Aragón carecían de firma y que «pretendía corroborar la realización por parte de su empresa Codesport un movimiento de tierras y saneo de la parcela excavando hasta 5 metros para retirar material de baja calidad y rellenarlo después con uno seleccionado». Así, en dicha certificación se hace constar una serie de trabajos como limpieza de parcela, excavación a cielo abierto, relleno, compactación dinánima del terreno, transporte al vertedero o extendido de capa de zahorra artificial, entre otros.
Todo ello, según la Fiscalía y el Gobierno de Aragón, «no se realizó». Llegan a esta afirmación, destacando que así se desprende de los informes periciales practicados, habiéndose incluso señalado que las obras que únicamente se hicieron fueron las de nivelar la tierra con material propio de la zona y la subsiguiente limpieza». Esto solo habría supuesto a Plaza el desembolso de 22.543,98 euros, una cifra muy por debajo de la que finalmente abonó Plaza.
«Dicha documentación aportada al Juzgado de Primera Instancia número 1 de Zaragoza que realizada ex profeso o encargada a realizar por Agapito Iglesias con el fin de justificar lo que se pagó», señala el ministerio público.
Agapito Iglesias también recibió ayer una comunicación del Tribunal Supremo en la que le anuncia que los magistrados necesitan más tiempo de debate y análisis en la revisión de la condena de 4 años por el caso pagarés que recurrió junto a los otros acusados: el exviceconsejero socialista de Obras Públicas, Carlos Escó, y el exgerente de Plaza Ricardo García Becerril. La Audiencia Provincial de Zaragoza les hizo responsables de la malversación de 8,7 millones de euros en una operación inmobiliaria de la que se benefició Codesport, la sociedad de Agapito.
Las defensas estiman que deben ser absueltos porque Plaza no es una empresa pública. La DGA, por contra, señala que la principal vía de financiación proviene del erario público.
