El Tribunal Supremo ha sorprendido a muchos con su resolución del caso pagarés de Plaza. Si hace poco determinaba que el dinero de la plataforma logística es público, y por tanto se puede cometer malversación al manejarlo, ayer se hizo pública la sentencia por la que absuelve al constructor Agapito Iglesias, al exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril y al exconsejero delegado de la plataforma, Carlos Escó, de este delito, por el que fueron condenados a cuatro años de prisión cada uno.

El Alto Tribunal contradice algunos argumentos de la Audiencia Provincial de Zaragoza y considera que los 8,7 millones que fueron sentenciados a devolver estuvieron bien cobrados, y por tanto bien pagados. Se cae así la primera y hasta ahora única pena impuesta por los casos Plaza. El recurso de la DGA, que quería incrementar el dinero a devolver, es obviamente rechazado.

En realidad, el fallo condenatorio de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Zaragoza ya había podado bastante la acusación original contra los tres implicados en esta operación de las naves de Autocity, y el Supremo la ha talado de raíz. Inicialmente, las acusaciones pedían hasta 15 años de cárcel por delitos de estafa, administración desleal, falsedad documental y malversación.

ABSOLUCIÓN

La acusación se sostenía en dos patas: la primera, que los dos gestores de Plaza se compincharon con el exmáximo accionista del Real Zaragoza para inflar el precio de las obras con obras ficticias y facturas falsas, de forma que una obra a precio cerrado por unas naves de 14,5 millones pasaron a costar 32,4. Y entendían que se habían repartido estos casi 18 millones de sobrecoste entre ellos.

Para ello habrían contado con la colaboración de un cuarto acusado, el director técnico de Plaza, Miguel Ángel Pérez Cervantes. Pero tras el juicio celebrado a finales del 2015, los jueces entendieron que las obras no eran falsas, como acreditaron los peritos de Iglesias, y las certificaciones emitidas, por tanto, tampoco. Así, el director técnico fue absuelto y los delitos derivados de hinchar el precio cayeron.

El aumento de precio se debió a que Autocity fue encargando más naves y modificando el proyecto original. Y como el precio cerrado se refería al valor del metro cuadrado, no al total, la subida estaba justificada. Más aún cuando las tres partes (Autocity, Plaza y Coderport) firmaron un proyecto técnico -el documento cero- en el que acordaban los cambios.

PAGO INDEBIDO

Aun así, los magistrados de la Sección Sexta - con un voto discrepante- consideraron que parte de este dinero, 8,7 millones, pagado mediante cuatro pagarés visados por García Becerril y Escó, no debió abonarlo Plaza, sino Autocity, que tras haber encargados las modificaciones se desvinculó de una parte de la compra y resolvió el contrato. Los gestores de Plaza sabían que no debían pagarlo y aun así lo hicieron, y les condenaron por el alegre manejo de fondos públicos. A Agapito Iglesias también, como inductor, por pedir insistentemente su dinero.

El voto particular del magistrado Alfonso Ballestín ya dudaba que se pueda condenar a alguien por pedir lo que se le debe.Y el Supremo así lo ve. Según repasan, el delito de malversación requiere varios elementos, como que el dinero sea público (que lo era), que lo cometa un funcionario (en este caso, gestores de una empresa pública) y que haya un lucro, una apropiación, propio o a terceros.

Este último apartado es el que falla, a criterio del Supremo, ya que considera que «ningún acto o conducta relativa a un desapoderamiento injusto de los fondos de titularidad pública sin propósito de reintegrar aflora en las actuaciones». Si las obras se hicieron, habría que pagarlas.

Según el análisis de la sentencia y la documentación del recurso de Iglesias, la Sala Segunda del Supremo entiende que a lo largo de la construcción, era Plaza quien lo autorizaba todo y pagaba a Codesport, transmitiéndole las exigencias de Autocity, sin contacto directo entre ambos extremos. Por ello, «difícilmente se puede pensar que Codesport facturase a Plaza a sabiendas de que no debía hacerlo, cuando es lo cierto que Autocity nunca pagó cantidad alguna a Codesport».