Agapito Iglesias ha vuelto a sentarse hoy en el banquillo de la Audiencia Provincial de Zaragoza por su relación como constructor con el polígono Plaza. Concretamente, por una presunta factura falsa aportada en otro caso, por un movimiento de tierras para la obra de un aulario que, según las acusaciones, no se hizo. Por ello, la propia Plaza, como acusación particular, pide para el soriano ocho años de cárcel por estafa, y la fiscalía cinco años y medio por este delito y por falsedad documental.
El constructor ha afirmado que "si se certificó algo es que se hizo", y recordó que el terreno era inestable y hubo que fijarlo. En cualquier caso, los jefes de obra y delegados de las empresas del Grupo Codesport tenían "plenos poderes" para gestionar las obras, y él solo se dedicaba a aprobar los pagos.
Los extrabajadores del grupo, sin embargo, coincidieron en que no existieron esos trabajos. También el jefe de obra, Javier Royo, que afirmó que, "en el tiempo" en que él estuvo -toda la obra- no se realizó este movimiento de tierras, por un valor de 1,6 millones de euros.
Para Iglesias, igual hubiese dado que se hubiera hecho que no, ya que el precio del edificio, un aulario de FP, se cerró por 6,4 millones antes de comenzar la obra, y fue lo que se cobró.
El juicio continuará mañana con otros testigos.
