Agrovalle obsequió con caras cestas a ediles y jefes de la DGA

E. B. D. 11/02/2012

"Miembros del Ayuntamiento de Mallén y del Gobierno de Aragón" recibieron en diciembre del 2007 unas cestas de Navidad pagadas por la empresa Agrovalle como agradecimiento por el trato que habían dado a la empresa y sus promotores, confesó el miércoles el exdirigente de la UGT navarra y ejecutivo de la empresa agroalimentaria José Luis Pérez Lízar. Este declaró ante la magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza como imputado en el Caso Mallén, en el que la jueza y el Grupo de Blanqueo del Cuerpo Nacional de Policía investigan una retahíla de presuntas corruptelas en la gestión del consistorio de esa localidad y de su Sociedad Urbanística Municipal (SUMM).

Esas cestas, según la confesión de Pérez Lízar, fueron adquiridas en El Corte Inglés y pagadas con tarjeta. Las pesquisas del Grupo de Blanqueo sitúan en esas fechas pagos por valor de 5.000 euros en dinero de plástico de Agrovalle en ese establecimiento.

AYUDAS En esas fechas, los departamentos de Agricultura y de Economía de la DGA estaban tramitando subvenciones para Agrovalle, empresa que al año siguiente recibiría ayudas públicas por valor de 1,6 millones de euros. La Policía imputa a los máximos ejecutivos de la sociedad --Herbert Kolling y Pérez Lízar-- un delito de fraude en las subvenciones por haber destinado esos fondos --presuntamente-- a finalidades distintas de las que habían justificado su concesión.

Pérez Lízar no identificó en su declaración ante la magistrada a las personas que recibieron esos caros obsequios.

Sí explicó en su testimonio cómo fueron tramitadas esas ayudas públicas. Según su versión, fue el alcalde de Mallén y actual diputado provincial Antonio Asín quien les presentó a los directores generales de Economía y de Agricultura con los que hablaron de las subvenciones, y estos últimos fueron quienes les dirigieron a los funcionarios que les entregaron la documentación que debían cumplimentar y les explicaron qué trámites deberían seguir.

El testimonio de Pérez Lízar indica que la implicación de la DGA --en la que Asín había trabajado como asesor del consejero de Obras Públicas-- en la concesión de las subvenciones fue intensa. En este sentido, aseguró que únicamente solicitaron las ayudas que les indicaron en el Pignatelli. De hecho, añadió que desconocían por completo a cuáles podían acceder y solo se fueron enterando de ello conforme se iban tramitando y les iban informando en la DGA.

LAS PARCELAS El exsindicalista navarro devenido en empresario frustrado efectuó otras manifestaciones de interés en su larga deposición de casi cinco horas en el juzgado.

Así, además de aclarar que solo él y Kolling intervenían por parte de Agrovalle en las negociaciones con los bancos, el ayuntamiento y la DGA, explicó que fue el consistorio por iniciativa propia quien aplanó el desnivel entre las parcelas que inicialmente iba a ocupar y las colindantes, entre las que existía un desnivel de varios metros.

Las primeras parcelas, cedidas por el ayuntamiento a la SUMM, estaban valoradas en 30.000 euros. Agrovalle no llegó a pagarlas, aunque incluyó esa cifra en el apartado de gastos de su contabilidad. La propiedad del suelo les permitió acceder a créditos por elevadas cantidades.

El acuerdo para la compra de esas parcelas, dijo, estaba cerrado en septiembre del 2007, unas semanas antes de que el ayuntamiento las cediera a la SUMM y cuando todavía faltaban dos meses para la presentación oficial del proyecto.

SIN REVERSIÓN Los responsables del consistorio plantearon inicialmente la posibilidad de incluir una cláusula de reversión de los terrenos en caso de fracasar la empresa --algo cuando menos llamativo al tratarse de una venta, que siempre conlleva el consiguiente cambio de propiedad-- que finalmente no fue aplicada.

El exejecutivo de Agrovalle abundó en este asunto, no obstante, que tanto el ayuntamiento como la DGA conocían desde el primer momento que las entidades bancarias supeditaban la concesión de los créditos con los que se iba a financiar --además de con las subvenciones-- la empresa al hecho de que no existiera ninguna cláusula que pudiera provocar que los terrenos, que iban a ser la garantía de los préstamos, pudieran cambiar de dueño.