Las comparecencias de la comisión de investigación sobre Ecociudad, solicitada por el PSOE, terminaron ayer con el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve. El regidor manifestó «desconocer» o «no recordar» momentos clave de la gestión interna de la sociedad o de las actuaciones realizadas por su vicepresidenta, Teresa Artigas, y el concejal Alberto Cubero, y por las que decidió acudir a la Fiscalía. Santisteve precisó que actuó «como cargo público a tenor de lo que dispone la Ley de Enjuiciamiento Criminal que obliga a denunciar un hecho que revista carácter de delito», según las fuentes consultadas.

El alcalde, que admitió que «nunca» ha visitado ninguna de las plantas, explicó que tuvo conocimiento de que se estaban produciendo irregularidades con la denuncia presentada por sus concejales y de que hubo negligencia en la firma del acta por la que se aprobaba la modificación de las mejoras propuestas por Drace a través del jefe de la planta depuradora de La Almozara, Miguel Ángel López Fatás. Siempre según las fuentes consultadas, Santisteve admitió que fue López Fatás quien le informó de que se había firmado en octubre un acta con fecha de abril.

El alcalde aseguró que decidió iniciar un procedimiento de información reservada tras ser avisado por sus concejales de que se había producido un hecho de «falsedad documental» y precisó que este procedimiento era el más correcto. Preguntado sobre por qué decidió encargar a una funcionaria -María José Benito- que desconocía por completo la sociedad en lugar de a la asesoría jurídica, Santisteve respondió, «que la asesoría nunca ha ejercido acciones en este ámbito».

Sin embargo, según las fuentes presentes, aseguró que «no hay que tener conocimiento de nada para preguntar sobre si un hecho ha tenido lugar».

«Es como si la jueza que tomó declaraciones tuviera que ser ingeniera de aguas», llegó a ironizar, según las fuentes consultadas.

El alcalde, que inició el procedimiento de información reservada el 25 de abril del 2016, aseguró no conocer previamente a Benito y que fue Cubero quién le ofreció la posibilidad de nombrarla instructora. El alcalde explicó que acudió a la Fiscalía porque había indicios de delito con el fin de que actuara «como segundo filtro». Según las mismas fuentes, repitió en varias ocasiones que nunca realizó denuncia alguna sobre algún funcionario, fue el Ministerio Fiscal quien decidió llevar el caso al juez.

Respecto a los motivos por los que Benito no llamó a declarar a los técnicos de Ecociudad o al gerente, Miguel Ángel Portero, directamente afectados, respondió que no le sorprendió su decisión. Santisteve aseguró desconocer quién informó a Benito sobre su nuevo encargo. «Supongo que alguien de Alcaldía. Yo que sé. No me encargo de esos temas».

Admitió que su relación con Portero «no era la mejor» para el día a día de la sociedad y negó cualquier amenaza. «Miente cuando dice que yo le amenacé con ir a los tribunales», aunque sí admitió que le invitó a jubilarse porque está en edad de hacerlo, según las mismas fuentes.