El alcalde de Artieda (Zaragoza), Luis Solana, ha expresado hoy su "decepción" por la sentencia conocida hoy que condena a "los 8 de Yesa" a multas de más de 16.000 euros por los delitos de resistencia y lesiones a agentes de la Guardia Civil y a indemnizarles de cerca de 6.000 euros.

Solana, en declaraciones a EFE, ha reconocido que la prioridad era que los ocho acusados de agredir a los agentes de la Guardia Civil el 10 de octubre de 2012 en Artieda en un acto de protesta contra las expropiaciones para el proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa eludieran la cárcel, ya que se pedían inicialmente hasta 36 años de prisión para todos ellos, aunque finalmente el Fiscal rebajó la petición a dos para cada uno.

Desde esta perspectiva el primer edil se ha mostrado satisfecho, si bien ha dejado claro que la sentencia le produce "vergüenza, cabreo y decepción" porque "esto no es justicia".

"El relato de los hechos que asume no es el verdadero y los que estuvimos allí lo sabemos y además no hay ni un atisbo de entrar al fondo de las condiciones previas y de entender la legitimidad de la defensa del territorio, que es fundamental", ha indicado Solana en referencia a que "ni siquiera se menciona" el fondo de la cuestión, que es que la gente estaba allí para defender "un medio de vida y su tierra" de forma "pasiva", ha insistido.

"Otra cosa es que quien decidió que allí tenían que ocurrir cosas no fuimos nosotros y eso por ningún lado se deja entrever" en la sentencia dictada por la jueza para quien, según Solana, la palabra de los guardia civiles "es la única que ha tenido en cuenta a todos los niveles, tanto en el relato de los hechos como a la hora de imputar los delitos de resistencia y lesiones para todos".

Un relato de los hechos que a su juicio "no se ajusta a la realidad" y que es "el de ellos".

Además, ha apuntado que económicamente se trata de multas que suman más de 16.000 euros, a lo que se unen las indemnizaciones por lesiones, que se acercan a los 6.000, y el abono de las costas, un coste económico "importante", ha reconocido.

Eso, ha dicho, al margen de las consecuencias que pueden tener "los antecedentes que puedan quedar para personas que están en condiciones de optar a plazas públicas y que han terminado de estudiar", ha concluido en referencia a la mayor parte de los 8 acusados.