A pesar de que no tiene competencias en este litigio, el alcalde de Lérida --que sí forma parte del patronato del consorcio del museo-- solicitó al juez de Huesca que anule «la ejecución cautelar del envío de las obras originarias de Sijena, en depósito de la Generalitat de Cataluña en el museo de Lérida Diocesano y Comarcal, prevista para el 11 de diciembre». En su escrito, Ros alude a que este museo «tiene una larga tradición de conservación, restauración, difusión y colaboración en el arte sacro», con 125 años de historia y «con una gran incidencia en la vida ciudadana y con una fuerte influencia social en la ciudad». Asimismo, declara que la providencia del juez ha creado «una alarma social muy importante en la ciudad, que afecta a las relaciones ciudadanas y a las relaciones de vecindad con los territorios próximos de la provincia de Huesca, donde la colaboración ha sido siempre ejemplar, pudiéndose calificar de relación de hermandad, contribuyendo a la relación entre Aragón y Cataluña. También argumenta --erróneamente-- que la providencia se ampara en el artículo 155 por el que se interviene la autonomía de Cataluña y que en el museo de Lérida «no existe mayor riesgo para las obras que en cualquier otro equipamiento museístico de alto nivel».

Por otro lado, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña desestimó ayer un recurso del museo para intentar retener las obras.