Uno de los alcaldes que más se ha opuesto al modelo de depuración en Aragón y que construyó su propia depuradora biológica desafiando al Gobierno autonómico es el socialista Paco Doménech, alcalde de Fabara, y que ayer protagonizó la sesión de la comisión de investigación sobre depuración. Doménech intervino como hicieron otros alcaldes de diversas localidades para exponer su exsperiencia. En su caso, y como es habitual en él, no tuvo pelos en la lengua. Para él, el modelo era «un fraude, una locura económica», una auténtica «empresa piramidal». Fabara no paga los 226.000 euros que le reclama el Gobierno de Aragón por el impuesto («como si a Zaragoza le reclamaran 140 millones») y que no abonan porque tiene su propia depuradora natural. También desmintió varios informes que dudan de los niveles de depuración de la infraestructura de Fabara, y lo cotejó con los controles de una empresa homologada por el propio Gobierno de Aragón. Doménech no dudó en calificar a los gestores de la Confederación Hidrográfica del Ebro de «incompetentes».

También señaló que nunca obtuvo presiones por parte del líder de su partido y presidente de Aragón entonces, Marcelino Iglesias, del que dijo además que presumía del modelo puesto en marcha en Fabara. «Alguna vez me dijo que dejase de batallar y cediese, pero una vez fui con ocho razones para no hacerlo y a la tercera me dijo que no necesitaba más. Nunca más nos volvió a molestar con el tema».

Además de Doménech, compareció el alcalde de Aguaviva, Aitor Clemente, que lamentó que después de haber pagado 250.000 euros, siguen sin depuradora, para la que se querían gastar «más de un millón de euros». «Un fiasco y un engaño», sentenció. Entre otros detalles, explicó que, tras ceder un terreno al Instituto Aragonés del Agua en el 2009, un años después «la DGA pretendía cobrarnos 14.000 euros por ser beneficiarios del proceso expropiatorio».

La versión contraria la dio el alcalde de Alfamén, Alejandro Gil (PAR), para quien la depuradora les ha dado «paz y tranquilidad». Algunos diputados le indicaron que el coste de esa «paz» es de 2,5 millones de euros al año. Además, comparecieron los alcaldes de Lalueza y Utebo y el exalcalde de Sariñena, Antonio Torres.