La consejera de Innovación, Pilar Alegría, ha garantizado hoy que la nueva ley del sistema universitario de Aragón, que el Gobierno aprobará antes de julio, incluirá una financiación estable y suficiente para la Universidad de Zaragoza, aunque probablemente sin descender al detalle.

Durante su comparecencia en la comisión de Innovación, Investigación y Universidad de las Cortes, a petición de Podemos, para explicar las líneas fundamentales de la futura ley, la consejera ha precisado que más allá de concretar una cifra, se debe garantizar que la financiación posibilita la prestación de un servicio de calidad, y determinar los "principios y criterios" para fijarla.

Tras el acuerdo alcanzado por el Ejecutivo y la propia Universidad a principios de la legislatura para la financiación básica, esta se incrementó desde 143 a 158 millones, con el compromiso de superar los 160 millones en 2020.

Según ha explicado la portavoz de Podemos, Maru Díaz, son veinte millones menos de lo que supone el capítulo I de gastos de personal, lo que supone que la universidad "tiene que buscarse la vida" con otro tipo de ingresos.

En este sentido, Alegría ha precisado que la Universidad también se financia con los ingresos por tasas de matrículas y por colaboraciones con entidades privadas, como las cátedras patrocinadas, elementos estos últimos que, a su juicio, son "positivos".

Es bueno, ha agregado que la Universidad pública trabaje "de manera colaborativa" con empresas privadas y que esta sinergia "redunde en beneficio de los estudiantes".

No obstante, Díaz ha apuntado que la Universidad debe de "blindarse" ante la "avalancha de los intentos" de entenderla "en términos de mercado", porque eso supone "riesgos" de inestabilidad.

Para la portavoz de la formación morada, si no se resuelve que las plantillas estén totalmente financiadas con dinero público, tampoco será posible acabar con el problema de la temporalidad y precariedad de parte de los profesores, 3.700 en total de los que más de 1.600, según datos de CSIF, son asociados que cobran de media entre 300 y 600 euros al mes.

La consejera ha replicado que es la ley estatal de universidades la que determina las figuras de profesorado existentes, y que las autonomías no tienen competencia para crear nuevas, motivo por el que ha avanzado la necesidad de que en el Congreso de los Diputados también se abra el debate de la modificación de esta ley, que está "obsoleta", como han pedido la Conferencia de Rectores (CRUE) y muchas Comunidades.

Si embargo, se ha comprometido a seguir estudiando con la Universidad, algo que ya se está haciendo, la posibilidad de incorporar medidas "correctivas y temporales", y sin rango de ley, para mejorar la situación sin incurrir en cuestiones que excedan de los ámbitos competenciales de ambas instituciones.

Ante los requerimientos del diputado del PP Modesto Lobón, quien ha pedido apoyo también para la Universidad San Jorge, Alegría ha precisado que la ley regulará el sistema universitario de Aragón en su conjunto, y este incluye la universidad pública, la privada, los centros de la UNED en la Comunidad o los cursos de la Menéndez Pelayo, entre otros.

En todo caso, ha insistido en la autonomía universitaria y en que la nueva norma "no puede descender" a las competencias que el Gobierno no tiene.

En la norma, ha detallado, se incluirán por otro lado cuestiones como el establecimiento de un sistema de becas autonómico y un nuevo modelo de financiación, por contratos-programa plurianuales, para los institutos de investigación.

También le ha parecido a Alegría positivo que los títulos propios de la Universidad de Zaragoza recojan las demandas del tejido productivo y que esta establezca mecanismos para "no perder el compás".