El consejero aragonés de Industria e Innovación, Arturo Aliaga, ha afirmado hoy que la postura del Gobierno de Aragón hacia el fraccionamiento hidráulico, conocido como "fracking", sigue estando guiada por "la prudencia y la cautela" hasta que exista un cuerpo legislativo europeo.

Aliaga ha hecho estas consideraciones durante su comparecencia en la Comisión de Industria e Innovación de las Cortes de Aragón para informar, a petición de PSOE y CHA, sobre la postura del ejecutivo autonómico en relación a la fractura hidráulica y la nueva Ley de Evaluación Ambiental.

Durante su intervención, el consejero ha señalado, además, que, "tal y como se recoge en el Plan Energético de Aragón, no se contempla en ningún caso la autorización de un permiso de investigación que prevea las técnicas de 'fracking'", han informado fuentes parlamentarias.

Ha recalcado, asimismo, que el ejecutivo mantiene una "extremada prudencia" en relación al fraccionamiento hidráulico hasta que la legislación europea "establezca unas condiciones que velen por el aseguramiento de las cuestiones ambientales y la salud de las personas".

Aliaga ha explicado como Europa, que en un principio se cuestionaba el uso del "fracking", ha incluido en su hoja de ruta para 2050 las bolsas de gas como fuente de energía y posible solución a la reducción de gases de efecto invernadero y a la dependencia energética.

Sobre el aspecto legislativo europeo, el consejero ha recordado que la Unión Europea "aún no ha legislado, sino que ha marcado una senda de recomendaciones, cuyo enfoque se revisará a partir de diciembre de 2015 para ver si es suficiente".

Tras realizar una enumeración de las ventajas e inconvenientes de la técnica de fractura hidráulica, Aliaga ha señalado que es obligación del Gobierno aragonés llevar a cabo "cualquier investigación de recursos energéticos en Aragón" que pueda reducir la dependencia energética de la Comunidad, pero "exigiendo el respectivo informe de impacto medioambiental".

Aliaga ha aclarado que, "a pesar de que no se ha concedido todavía ningún permiso de investigación, Aragón cuenta con nueve solicitudes".

En este sentido, el titular de Industria ha señalado que el Plan Energético de Aragón recoge que "la utilización de la técnica en la investigación, que es donde tienen competencias, para la evaluación del recurso se limitará a las técnicas utilizadas en la investigación de gas convencional hasta que la Unión Europea determine las condiciones técnicas".

Esto, según Aliaga, supone que el Ejecutivo "está cumpliendo la proposición aprobada en las Cortes de declarar a Aragón libre de 'fracking', ya que no se contempla en ningún caso la autorización de un permiso de investigación que prevea estas técnicas".

Por su parte, el socialista Jose María Becerril ha declarado que ésta es "una técnica que genera dudas, y esas dudas han generado, a su vez, malestar".

Becerril ha reconocido que Aragón "necesita recursos endógenos, pero hay que primar la salud y el medio ambiente" y ha apostado por "seguir la política energética desarrollada en años pasados, basada en energías renovables".

Ha manifestado también que "el problema principal podría ser las malas prácticas de las empresas, por lo que es necesario estar muy vigilante" y se ha mostrado partidario de "llevar a cabo una hoja de ruta que cuente con participación ciudadana y con las comunidades autónomas, cosa que no ha hecho el Gobierno central".

Joaquín Palacín, diputado de CHA, ha señalado que "desde el mes de junio ha habido cambios importantes sobres los que debe posicionarse el Gobierno".

En este sentido se ha referido a un informe elaborado, a petición del Gobierno, por el Instituto Geológico Minero en el que "se recogen problemas de radioactividad, consumo de agua excesivo y posible contaminación de acuíferos".

Palacín ha denunciado que el Gobierno central "aprobó en agosto la agenda para el fortalecimiento del sector industrial, impulsando el 'fracking'", y ha pedido al Ejecutivo aragonés que actúe "en consonancia a las iniciativas aprobadas en las Cortes de Aragón, que declaraban a la Comunidad libre de fraccionamiento hidráulico y prohibían los permisos de investigación.