El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, advirtió ayer que que no se pueden entregar tarjetas sanitarias "sin control" y apeló a las comunidades autónomas a que tengan "ánimo de colaboración" porque "si cada uno va por libre, esto no funciona, no va bien", dijo Alonso.

En referencia a las comunidades que han anunciado distintas formas de atender a los inmigrantes en situación irregular, entre ellas Aragón, Alonso señaló que "quizá quieren ir por libre para tener un titular de prensa, pero eso no resuelve el problema", precisó el ministro.

"Es un país serio y las cosas se hacen de manera ordenada. Por tanto, no se pueden librar tarjetas sin control porque eso es irresponsable y porque traía como consecuencia que, antes de que se arreglara la ley en el 2012, se estuvieran perdiendo mil millones de euros por turismo sanitario", alegó Alonso.

SIN MOVER FICHA

En abril, el ministro anunció una rectificación en toda regla respecto al acceso a la salud universal: los inmigrantes irregulares recuperarían el derecho a la asistencia primaria. El problema es que han pasado los meses sin que el ministerio moviera ficha y las siete autonomías que han cambiado de signo político --Aragón, Valencia, Castilla-La Mancha, Navarra, Extremadura, Baleares y Cantabria--, con el significativo añadido de Madrid, gobernada por los conservadores, se han sumado a las insumisas. En Andalucía se ha seguido atendiendo a los irregulares sin desarrollar ninguna normativa específica.

Cualquier inmigrante que acude a un centro de salud o urgencias es atendido y, tras rellenar un formulario, recibe un certificado de reconocimiento temporal que garantiza el acceso al sistema sanitario en la comunidad. En Valencia, al poco de tomar posesión, el socialista Ximo Puig aprobó un decreto que establece que los extranjeros recibirán la misma atención sanitaria en la comunidad que los nacidos allí. Los requisitos para acceder a la tarjeta son llevar tres meses empadronado y no tener seguro privado.

En el País Vasco se ha entregado la tarjeta sanitaria a más de 22.000 inmigrantes con más de un año de empadronamiento y todos los menores tienen derecho a la asistencia completa.