Once municipios aragoneses atravesados por la autopista de peaje AP-2, siete de la provincia de Zaragoza y cuatro de la de Huesca, recibirán en adelante en torno a tres millones al año en concepto de Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) por parte del Grupo Abertis, la empresa concesionaria del tramo entre Alfajarín y El Vendrell.

El pago, que se hará efectivo en cuanto se presenten los correspondientes recibos, obedece a que, tal y como contemplaba el acuerdo de concesión, firmado en el año 1968, en agosto del 2016 terminó el plazo de bonificación del 95% del IBI.

Los municipios beneficiarios estaban al tanto de que la situación de la autopista, construida en los años 70 del pasado siglo, tenía una fecha de caducidad. Ahora, gracias al IBI completo, recibirán un fuerte impulso que redundará en sus presupuestos.

«Este gravamen es muy importante para la economía de Fraga», subrayó ayer Luis Miguel Lapeña, alcalde de la localidad, que cifró en 319.000 euros la cantidad que recibirán las arcas municipales.

«Ese dinero se incorporará al presupuesto, que asciende a 12 millones de euros, y se destinará íntegramente a inversiones», aseguró el regidor.

El tramo de la AP-2 en Aragón, que va desde Alfajarín al límite con la provincia de Lérida, mide 101,5 kilómetros, de los que 10 pertenecen al término fragatino.

DIPUTACIONES PROVINCIALES // En Pina de Ebro, su alcaldesa, Marisa Fanlo, ya ha calculado que lo que percibirán en concepto de IBI supondrá 200.000 euros, un 9% del presupuesto, que ronda los 2,7 millones. «Nuestro término supone el 7,14% del tramo entre Alfajarín y Fraga y ese dato ha servido de base para calcular el impuesto», explicó.

Fanlo indicó que el cobro depende de la Diputación Provincial de Zaragoza, en la que el municipio ha delegado la gestión de los impuestos. «Normalmente, se pasa al cobro a finales de año, por lo que el recibo se extenderá en esas fechas», agregó la alcaldesa.

En el caso de los municipios oscenses concernidos por este cambio fiscal, Peñalba, Candasnos y Torrente de Cinca además de Fraga, será la diputación oscense la que se encargue de su gestión.

Las condiciones del contrato de concesión fueron elaboradas por el Ministerio de Obras Públicas a finales de los años 60 y también afectan a la AP-7, la autopista del Mediterráneo, entre La Junquera y Tarragona.

Ese punto del acuerdo sirvió para que el periodo de concesión, que acaba en el 2021, fuera más corto, según explicaron ayer fuentes del Grupo Abertis.

Ahora, la empresa concesionaria está a la espera de recibir los recibos del IBI, un impuesto que en algunos municipios se paga en dos veces con el fin de aliviar la carga fiscal sobre el contribuyente.

En la provincia de Zaragoza, las localidades beneficiarias son, además de Alfajarín y Pina de Ebro, de Nuez de Ebro, Villafranca de Ebro, Osera de Ebro, La Almolda y Bujaraloz. Se trata de municipios con términos muy extensos. Se paga por el uso de las vías de circulación, pues por los edificios de las áreas de servicio siempre se ha abonado el impuesto.

Luis Miguel Lapeña considera que la AP-2, que ha prestado servicio durante casi cuatro décadas, ha sido un factor de desarrollo para las zonas que atraviesa. En el caso de Fraga, absorbió parte del tráfico que pasaba por su travesía urbana.

DESCUENTOS // En la actualidad, además, muchos residentes de las poblaciones situadas cerca de esta vía de comunicación se benefician de descuentos en el peaje por el sistema de Vía T, si realizan los desplazamientos de ida y vuelta dentro del mismo día.

«Lo único negativo», comentó Lapeña, « fue el cierre del área de servicio de Fraga, hace dos años, que dejó en la calle a 25 trabajadores».