La Cámara de Cuentas de Aragón ha hecho público hoy el informe de fiscalización de la Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental (SARGA) durante el ejercicio 2015, que ha recibido el visto bueno a la actividad relacionada con su creación y posterior gestión, aunque advierte de 22 incumplimientos.

Los incumplimientos afectan, entre otros, a ámbitos como el de ordenación de personal, saneamiento financiero, retribuciones, dietas o contratación, y además fija un total de cinco recomendaciones "más urgentes", informan en un comunicado fuentes parlamentarias.

Este informe analiza la creación de Sarga, en octubre de 2012, tras la fusión de las sociedades autonómicas Sirasa y Sodemasa, para simplificar procesos y costes.

Sin embargo, advierte el órgano fiscalizador, ni Sarga ni la Corporación Empresarial Pública de Aragón ni el Departamento de Agricultura y Medio Ambiente han elaborado, hasta la fecha, ningún documento acerca del seguimiento de la fusión y del objetivo del ahorro.

El documento también analiza de forma exhaustiva el expediente de regulación de empleo de 2013, por el que causaron baja en la empresa un total de 87 empleados, además del expediente de modificación sustancial de las condiciones de trabajo que afectó a las retribuciones salariales.

En el año fiscalizado, el número medio de efectivos de la sociedad fue de 1.015 trabajadores, aunque el informe detecta la dificultad en la gestión ordinaria derivado de la inexistencia de un convenio colectivo de empresa.

Desde su creación, Sarga rigió sus relaciones laborales mediante los convenios colectivos de Sirasa y Sodemasa, una doble regulación que ha afectado a permisos, licencias, retribuciones, dietas y acción social.

En el área retributiva, la Cámara de Cuentas detecta que 187.000 euros se perciben mediante pluses no previstos en los convenios de origen y 174.000 euros mediante mejoras individuales que funcionan como complementos absorbibles, que en el año 2016 se ha comprobado que no han funcionado como tales.

En el área de dietas, advierte de que no se aprobó una regulación global, suficiente y precisa de los cometidos que dan lugar a su percepción, así como los límites y justificación. La Sociedad gastó en el 2015, 602.000 euros por estos conceptos que representan el 2 % del gasto de personal.

En el documento también se analizan los ingresos de la sociedad, el 85 % de los cuales tiene su origen en las encomiendas de gestión y en el servicio de recogida y transporte de cadáveres de animales.

La principal fuente de ingresos de Sarga son los encargos de ejecución, que alcanzan los 47.000.000 de euros y representan el 70 % de sus ingresos, si bien, en doce encargos se pone de manifiesto que la sociedad no tiene los medios propios para llevar a cabo la prestación objeto y procede a subcontratarlo: en unos casos en un 60 % y en cuatro encargos en un 80 %.

Además, en el caso de las obras de emergencia derivadas de las inundaciones por la crecida del Ebro en febrero y marzo de 2015 se subcontrató casi el 100 %.

A este respecto la Cámara advierte que el encargo de obras de emergencia está reservada por la Ley de Contratos en exclusiva a la "Administración".

Las sociedades mercantiles, aunque sean integrantes del Sector Público, no pueden acudir a la tramitación del artículo 113 de la Ley de Contratos, que concibe esta modalidad de tramitación para cuando se "tenga que actuar de manera inmediata" y en los supuestos tasados en la misma; y, en todo caso, para actuaciones que se limiten a lo estrictamente indispensable para remediar los daños.

Por otro lado, los ingresos del servicio de recogida y transporte de cadáveres de animales representan el 15 % del total y ascienden a 10.000.000 de euros.

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, en el ejercicio 2015, no aprobó los precios aplicables en el 2015.