Ha costado mucho, pero la ordenanza municipal que regule las sanciones por actos vandálicos ya ha encontrado el consenso entre los partidos del Ayuntamiento de Zaragoza. Ahora, cualquier acto incívico será sancionado con un mínimo de 50 euros. Ya sea por pegar carteles en una marquesina o por pintar en las fachadas. El siguiente objetivo es encontrar la cohesión entre todas las ordenanzas para aplicar las multas.
Aunque todavía tiene que ser aprobada en el pleno --todo indica que así ocurrirá ya que ayer obtuvo unanimidad en la votación en la comisión de Economía y Hacienda -- con la nueva norma se deroga definitivamente la de protección del espacio urbano, más conocida como Ordenanza del botellón y se consigue armonizar los procedimientos sancionadores que afectan a las relacionadas con la limpieza pública, la recogida y el tratamiento de residuos sólidos, las zonas verdes y las actividades publicitarias en el ámbito urbano.
UNIFICACIÓN Este es solo el primer paso para unificar el modo de poner coto a los actos vandálicos. El vicealcalde de Zaragoza, Fernando Gimeno, anunció ayer que se encargará un estudio a la Universidad de Zaragoza para encontrar el mecanismo y la cohesión entre todas las ordenanzas y poder, así, aplicar los mismos baremos en las diferentes normativas municipales.
Las multas, que se subdividen en tres grupos --leves, graves y muy graves-- serán de 50 euros mínimo. Solamente aquellos actos vandálicos contra inmuebles o monumentos declarados Bien de Interés Cultural (BIC) tendrán un gravamen máximo de 1.500 euros. Cantidades que pueden reducirse a la mitad por pronto pago o, incluso, algunas ser sustituidas por trabajos sociales para la comunidad.
Pero el vicealcalde no quiere multas "desproporcionadas" y que no pueda pagar "un ciudadano normal" como las anteriores que podían alcanzar hasta los 1.500 euros. Para Gimeno, poner sanciones "desorbitadas" no tiene sentido.
Lo que se busca con esta nueva ordenanza es castigar de forma "realista", aseveró el vicealcalde. La cuestión que surge ahora es cómo se determinará la cantidad definitiva entre los baremos que existen. Para el portavoz de CHA, que hizo un balance positivo de la aprobación aunque, lamentó que llegue con retraso, esta decisión "es muy subjetiva".
El portavoz de IU JosÉ Manuel Alonso mostró su satisfacción por la derogación de lo que denominó "ordenanza incívica" y recalcó el hecho de haberse aprobado por unanimidad. Alonso quiso recordar que había sido su grupo el "impulsor" de racionalizar las cuantías de las sanciones. Aunque, dijo, le habría gustado que las penas finales hubieran sido menores, argumentó que "en aras del consenso asumimos como bueno la derogación de la ordenanza incívica y las consecuencias que trae".
Desde el PP, María Jesús Martínez del Campo solicitó la revisión de la partida de recaudación presupuestaria del 2014 estimada en 1,2 millones de euros por multas al ser mayor, dijo, de lo que luego se ingresa. Para justificarlo recordó que en el 2013 se presupuestaron 1,45 millones de euros y la recaudación fue de 300.000 euros al no abonarse todas las sanciones a cambio de trabajos por prestaciones sociales a la comunidad. Para Martínez, la previsión estimada "debería ser menor de lo presupuestado" para evitar "provocar agujeros".
En relación con esta petición estaba una de las alegaciones del PP que ayer se desestimó por unanimidad: que el 20% de lo recaudado se invirtiera en campañas de sensibilización.
