El Consejo de Gobierno dio ayer el visto bueno al Proyecto de Ley de Autoridad de Profesionales del Sistema Sanitario y de Servicios Sociales Públicos de Aragón, "ya que en los últimos años se ha producido una proliferación de casos en los que algunos profesionales del sector público sanitario y social han sufrido una serie de agresiones, ya sean físicas o verbales, por parte de los pacientes, usuarios, familiares o acompañantes".

El Gobierno de Aragón pretende mediante esta iniciativa "crear y reforzar los instrumentos jurídicos necesarios que permitan conseguir que los profesionales del sistema público sanitario y social puedan desempeñar las tareas que les son propias en un contexto de máxima confianza, respeto y seguridad aumentado, como consecuencia de ello, la calidad de los servicios".

Así, dentro de la comunidad, todos los directores y subdirectores de centros y servicios del sistema público sanitario o social, además de médicos, farmacéuticos, veterinarios, psicólogos, enfermeros, auxiliares de enfermería, celadores, trabajadores sociales, pedagogos, educadores, personal de gestión y servicios "gozarán de la presunción de veracidad en sus informes y declaraciones, así como de la protección reconocida en el ordenamiento jurídico".

Además, Sanidad realizará dos expedientes de contratación de plazas en centros para personas con enfermedad mental grave y, por otro lado, para la atención de menores bajo la protección del IASS, a lo que se destinarán 31 millones de euros