Las Cortes de Aragón han aprobado hoy por unanimidad la proposición de ley del taxi, presentada por el PAR, y que se convertirá en la primera norma de carácter autonómico que regulará el ejercicio de esta actividad, incluidas las licencias.
En defensa de la iniciativa legislativa, la diputada del PAR Elena Allué ha destacado el esfuerzo de consenso realizado por los ponentes, aunque ha criticado que desde Ciudadanos han tratado de introducir enmiendas que perjudicaban a los taxistas.
Ha reivindicado que el sector del taxi ha ido evolucionando con la realidad económica y que con esta ley, que viene a derogar la normativa vigente, que data de 1979, se busca una mejora efectiva en la prestación del servicio que favorezca tanto al sector como a los usuarios por el incremento de la calidad en la atención.
El taxi, ha reiterado, es un sector "sensible", y por ello para el PAR esta ley ha sido una "prioridad", ya que va a permitir el ejercicio de esta actividad en condiciones de seguridad y la modernización.
En el turno del resto de grupos parlamentarios, el popular Javier Campoy ha considerado que esta ley era "muy necesaria" y que "debería llevar aprobada varios años".
En su opinión, el taxi es un servicio público sobre el que la Administración tiene un gran responsabilidad y con esta normativa podrán defender mejor los intereses del sector, así como los derechos y obligaciones de los usuarios, aunque también ha abogado por un pacto a nivel nacional que proteja este medio de transporte frente a la competencia "desleal" de empresas como Uber o Cabify.
El diputado del PSOE Fernando Sabes ha querido visualizar otras modalidades de taxi, como los vinculados al turismo, sobre todo en las zonas de montaña, o al transporte escolar, y ha apostado por que las licencias puedan ser ocupadas también por personas jurídicas en municipios de menos de 10.000 habitantes.
Raúl Gay (Podemos) ha acusado a las "mal llamadas" empresas de economía colaborativa de ser una "amenaza" y ha afirmado que una de las prioridades en esta materia es impedir la entrada de Uber y Cabify en Aragón, porque es necesario proteger los empleos locales de estas grandes aplicaciones extranjeras, que pagan sus impuestos fuera y ofrecen puestos de trabajo precarios.
La nota discordante, a pesar de la unanimidad, ha venido de la mano del parlamentario de Ciudadanos Jesús Sansó, quien ha manifestado que la competencia es buena para el sector y ha criticado que no se haya incluido en la norma la irrupción de los vehículos de transporte concertados (VTC) y que el taxi se rija por unas normas "más propias de los gremios medievales", con los que no cree que se pueda modernizar.
En representación del Grupo Mixto, Gregorio Briz (CHA) ha lamentado que Sansó haya sido el único "discordante" y ha asegurado que el Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda ha favorecido el consenso en la aprobación de esta ley.
Desde IU, Patricia Luquin ha sostenido que en el texto final se ha logrado el equilibrio y que garantizará la prestación de un servicio de calidad.
En la tribuna han seguido el debate representantes del gremio, que han aplaudido todas las intervenciones, excepto la de Ciudadanos.
