Aragón se convirtió el pasado año en la segunda comunidad autónoma donde más creció el presupuesto destinado a la Justicia gratuita, un 7,5%, situándose detrás del País Vasco. Así se desprende del informe La Justicia dato a dato que la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hizo público ayer.

La cuantía que destinó el departamento que dirige el consejero Roberto Bermúdez de Castro pasó de 4.021.300 euros en 2013 a 4.321.300 en 2014. Un gasto que resalta frente al 4,8% de reducción del conjunto nacional, promovido especialmente por el descenso de un 27% de la Comunidad de Madrid y un 14% de Andalucía.

A pesar de esta apuesta por la Justicia gratuita, el presupuesto general de la comunidad se redujo un 6,3% en 76,7 millones de euros, frente a la bajada de un 2,2% en España. Esto se debe, principalmente, a que la inversión en infraestructuras se ha visto reducida, ya que muchos de los edificios han sido inaugurados. Por habitante, el gasto es de 54,2 euros frente a los 75,2 a nivel español. La Rioja es la que más destina con 80,3 euros, seguida de País Vasco con 74,4; y Cataluña con 68,9.

En el próximo ejercicio, Aragón tendrá un crédito de 153.607 euros, de los 6 millones a nivel nacional, que ayer aprobó el Consejo de Ministros. Un dinero que tendrá que ser utilizado en Justicia gratuita, en el impulso de las tecnologías de la información para la mejora de la eficiencia en la Administración de Justicia y el mantenimiento y ampliación de órganos judiciales conllevan unos gastos que precisan financiación.

Los criterios de reparto adoptados para la distribución del crédito han sido los números de expedientes tramitados de asistencia jurídica gratuita en cada comunidad, la población de derecho, la litigiosidad y la planta judicial.

El CGPJ también destaca que en 2014 la duración media de los procedimientos judiciales disminuyó en primera instancia un 4,4 %, en segunda instancia un 10,7 % y en el Tribunal Supremo un 2,2 %. De este modo, la duración media de los procedimientos en primera instancia pasó de 3,9 meses a 3,7 meses.

Mientras, en segunda instancia --la que trata los recursos-- bajó de 5,2 meses a 4,6 meses. En el Tribunal Supremo, los procedimientos duraron de media 11,1 meses, frente a 11,3 meses en 2013.

Por otro lado, el informe revela que en Aragón se presentaron un total de 253 denuncias por violencia doméstica, lo que supone 1,9 por cada 10.000 habitantes. Se llevaron a cabo cinco nulidades matrimoniales, 1.943 divorcios consensuados, 1.063 no consensuados, 113 separaciones de mutuo acuerdo y 29 contenciosas. La situación de la población reclusa en los tres centros penitenciarios en Aragón asciende a 2.152 personas, más de 2.000, hombres. Del total, el 38,3% son extranjeros.