El Gobierno de Aragón envió ayer para su tramitación parlamentaria en las Cortes dos proyectos de ley estrechamente vinculados: el de igualdad entre el hombre y la mujer y el de transexualidad. El objetivo de ambas normas es avanzar en la «sensibilización» y en la «consolidación de los derechos adquiridos».
En los dos casos la participación ha sido fundamental durante su gestión. Especialmente en la norma sobre la identidad de género, redactada en su origen por las propias asociaciones de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales. La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, destacó su utilidad para «hacer realidad la igualdad entre hombres y mujeres» y también para «despatologizar» a las personas transexuales.
Más allá de la declaración de intenciones, se contemplan sanciones para las instituciones y empresas que favorezcan las actitudes discriminatorias desde los 3.000 euros para las infracciones leves y de hasta 50.000 en la ley de igualdad y de 45.000 en la de transexualidad para los casos más graves.
La norma de igualdad pretende completar lo establecido en el marco estatal. En concreto, regula regula las políticas de empleo y contempla la promoción de la conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Además, se presta atención al uso de un lenguaje integrador y no sexista.
uso de instalaciones / La ley de transexualidad pone el foco en los menores y en las etapas escolares. Así, desde los colegios se respetará la identidad de género manifestada por el alumno. Esto va ligado a que podrán elegir la imagen e indumentaria asociada a la identidad de género que prefieran. También se garantizará el uso de las instalaciones educativas conforme a esa elección, tanto en los gimnasios como en los baños. Por extensión, el respeto se aplicará en el resto de organismos públicos y empresas en todas las etapas de la vida.
El texto a aprobar define la identidad sexual como la vivencia interna e individual del género tal y como cada persona la siente y autodetermina sin que deba ser definida por terceros. Se precisa que puede corresponder o no con el sexo asignado en el nacimiento y también se contempla la modificación de la apariencia corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, «siempre que ello sea libremente escogido».
Además, la ley aborda cuestiones como la atención y protección de las personas transexuales de acuerdo a sus necesidades en el ámbito psicológico, educativo, sanitario, social, cultural y en cualquier aspecto de la vida. La consejera destacó que con estas normas la comunidad pasa a ser «modelo y ejemplo» en la legislación social.
