La noticia de que la Unión Europea no tendrá una partida específica contra la despoblación en su planificación hasta el 2027 ha sido recibida con cautela por parte de la Administración pública aragonesa. El comisionado autonómico frente al reto demográfico, Javier Allué, señaló ayer que la batalla emprendida por los territorios más envejecidos «no está perdida» y confío en que antes de la aprobación definitiva de los planes económicos se pueda revertir el anuncio que se conoció el martes.

Allué reconoció que a falta de su empujón final, la estructura europea favorece un reparto de los fondos de cohesión en el que sean los propios territorios los que decidan las áreas de reparto. Esto de debe a la presión de zonas periféricas, en las que este problema no es tan acuciante.

Por este motivo, el comisionado indicó que ya se está trabajando en cerrar una nueva fecha para el foro conjunto de seis comunidades autónomas (Aragón, Castilla y León, Galicia, Asturias, La Rioja y Castilla La Mancha) para firmar un documento de presión para que los criterios de dispersión y demografía se tengan en cuenta en esta planificación europea. Sin embargo, a falta de cambios en el presupuesto, exigen una mejora en la interpretación del artículo 174 de Funcionamiento de la UE en el que se regulan las zonas que padecen desventajas naturales graves y permanentes se contemplen expresamente los territorios de baja densidad demográfica.

Y señaló que hará falta «voluntad política» por parte de Pedro Sánchez para poder seguir trabajando en el compromiso de la sexta conferencia de presidentes sobre la despoblación en el que también se incluye la reforma de la financiación pública.