Aragón no levanta cabeza en la aplicación de la Ley de Dependencia. Al menos, eso se desprende del último dictamen del observatorio estatal por la dependencia que se dio a conocer hoy y en el que la comunidad sigue ocupando uno de los últimos lugares en cuanto a la valoración que evalúa la aplicación de la ley.

En concreto, Aragón es la quinta comunidad peor valorada a fecha de diciembre del 2013, con una calificación de 3,8, lo que supone repetir la obtenida un año antes y la de hace seis meses. Así, en los tres últimos dictámenes, la comunidad ha repetido nota, lo que advierte del estancamiento. Solo Baleares (2,9), Ceuta y Melilla (1,3), Canarias (0,8) y Comunidad Valenciana (0,4) ejecutan peor la normativa, según el estudio, que, de este modo, confirma que Aragón es la comunidad que más ha retrocedido en la aplicación de la ley, ya que en junio del 2011 llegó a obtener un 7,5.

FACTORES Los factores que explican el suspenso alcanzan, por ejemplo, al descenso del 15.24% en los expedientes activos de personas con grado III (gran dependencia). La cifra triplica la media nacional y supone la peor de toda España. "Es cierto que los cambios en el baremo han endurecido las condiciones para el reconocimiento de dicho grado de dependencia a nuevos solicitantes y que entre estas personas se produce el mayor volumen de fallecimientos, pero en algunos territorios se están produciendo revisiones de grado de oficio que tienen como resultado dictámenes que reducen el grado y, además, este descenso tiene lugar sin que la reposición por agravamiento de las personas con grado II supla a los primeros", explicó José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

Asimismo, el colectivo recuerda que "no se puede negar que esta pérdida constante de expedientes de grado III genera un ahorro que incide directamente sobre las arcas de la Administración del Estado al reducirse sus obligaciones de aportación a las comunidades por el nivel mínimo de financiación que, hasta ahora, establecía las cuantías a entregar con el único criterio del grado de dependencia".

Aragón también empeora la media nacional en la cantidad de personas con derecho que están pendientes de recibir atención, el denominado limbo de la dependencia. En la comunidad, este colectivo asciende a más del 31%, once puntos más que el resto de España y la cuarta peor valoración nacional.

En este sentido, en el último año --desde diciembre del 2012 al último mes del pasado año-- las personas con derecho a prestación se han reducido algo más de un 10%, pasando de 29.866 a 26.825. De igual modo, también decayó el número de personas valoradas--más de 2.400 menos que en el 2012-- y atendidas --más de 2.000 menos en un año, con una rebaja del 10%--.

GASTO El gasto público en dependencia por habitante y año no ofrece datos mucho mejores, ya que la comunidad invirtió 84,78 euros en el 2013, unos 254 euros menos que la media y menos de la mitad de los que destina Cantabria, la más valorada en este apartado.

"Los datos oficiales en los que se basan nuestros análisis, lamentablemente, han ido corroborando las sospechas de lo que paulatinamente iba a ocurrir si no se entendía que la atención a las personas en situación de dependencia era y es una apuesta a futuro absolutamente necesaria desde el punto de vista de los derechos sociales y del sostenimiento del Estado del Bienestar", lamentó Ramírez, que añadió que "lo sorprendente es que en un contexto de limitación de los derechos y de recorte inmisericorde del gasto en Dependencia se esté atendiendo a cerca de 754.000 personas en España".